El PP quiere reducir el parque regional del Sureste para acallar a los agricultores
El PP se ha puesto de parte de los agricultores de las vegas de los ríos Jarama y Manzanares. Como a ellos, tampoco le gusta la protección que brinda el nuevo parque regional del Sureste a las tierras de laboreo. María Teresa de Lara, diputada del PP en la Asamblea, ha anunciado que presentarán en las próximas semanas una proposición de ley para achicar el parque y modificar sus normas. Quieren que muchas áreas degradadas y, sobre todo, las zonas agrícolas incluidas en las 29.836 hectáreas protegidas sean excluidas de las fronteras verdes.
"Pensamos que un parque únicamente tiene que englobar enclaves de valor ecológico cuya conservación merezca la pena y sólo cuando los habitantes de la zona así lo quieran"', dijo De Lara.La Ley de Parques fue aprobada por todos los grupos parlamentarios el pasado 24 de junio. "Rectificar es de sabios", justificó De Lara.
La diputada aclaró que su partido sí cree que el sureste de la región necesita una zona protegida. "Pero no con la amplitud de este parque", matizó. También mencionó los vertederos de Valdemingómez y de Pinto para argumentar que las zonas deterioradas no están en el espíritu de la Ley de Parques, antes de ser conservadas tienen que restaurarse".
Por su parte, los agricultores se han manifestado reiteradamente en contra de algunas limitaciones que impone el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque, como el uso de ciertos fertilizantes. Tampoco les satisface ni los derechos de tanteo y retracto (la Administración tiene prioridad en la adquisición del suelo cuando el propietario decide venderla) ni el de expropiación, impuestos por la Ley de Parques.
Su postura quedó patente cuando los representantes de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) rompieron el pasado viernes las negociaciones -abandonando la sala- que mantenían con Arturo Gonzalo Aizpiri, director de la Agencia del Medio Ambiente (AMA), con los alcaldes de Ciempozuelos y de San Martín de la Vega (dos de los 16 municipios afectados) y con grupos parlamentarios. Los agricultores dijeron que consideraban "insuficientes" las modificaciones a la ley propuestas.
Una burla
Por su parte, el director de la AMA entiende la propuesta del PP como "una nueva prueba de la sensibilidad por la naturaleza del PP. Junto con la incineradora de Valdemingómez, se convierte en la bandera de su política ambiental". Gonzalo Aizpiri calificó el desplante de Asaja de "burla" y aseguró que la Comunidad seguirá trabajando para elaborar "el mejor plan de ordenación posible".
Por su parte, el alcalde de San Martín de la Vega (7.334 habitantes), Juan Carlos Vallega, del PSOE, calificó la iniciativa del PP de "pura demagogia preelectoral" y declaró que la Ley de Parques "garantiza suficientemente el ejercicio de la agricultura a la vez que la protege". Achacó las reticencias de los agricultores al desconocimiento de la ley: "En mi pueblo piensan que el parque estará lleno de bancos, jardines, farolas y como un parque urbano".
Joaquín Tejeiro, alcalde de Ciempozuelos (.11.754 habitantes), también del PSOE, opinó que "no se deben abandonar las negociaciones para compatibilizar la agricultura con la conservación de la naturaleza". De no conseguirse suavizar las tensiones, Tejeiro anunció que solicitaría incluir las zonas afectadas de Ciempozuelos en una zona periférica de protección del parque, "una franja que gozaría de cierta protección, pero a la que no afectarían los derechos de expropiación, tanteo y retracto".
Juan Antonio Candil, de IU, consideró "incomprensible" el cambio de actitud del PP, informa José Manuel Romero. "Habiendo votado a favor de la constitución del parque para apuntarse al ecologismo", se extrañó Candil, "hoy, a poco tiempo de las elecciones, cambia de postura y muestra su cara real frente a la política ambiental, cediendo a presiones no sólo agrícolas, sino a otro tipo de presiones de carácter especulativo e inmobiliario".
Según el diputado de IU, "durante la tramitación de la ley, el PP fue especialmente beligerante a la hora de impedir que se limitarán las extracciones de áridos".
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