La Generalitat presenta una lista de peticiones para forzar el 'giro autónomico' antes de 1996

La comisión de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat se reúne hoy para empezar a negociar el giro autonómico que reclaman los nacionalistas catalanes en el marco de su apoyo al Gobierno socialista. La delegación autonómica lleva en su agenda varias peticiones, entre las que destacan los programas no transferidos del Inserso, el Servicio Nacional de Productos Agrarios, el Plan Futures de la Secretaría General de Turismo, la titularidad de las autopistas y el Instituto Nacional de Empleo. La Generalitat quiere que los traspasos culminen este año.

La comisión mixta entre Convergència Democrática y Unió Democrática -los dos partidos que forman la coalición Convergència i Unió- se reunió ayer con carácter extraordinario para preparar la negociación de hoy con la Administración central. Ambas partes han querido dar a esta reunión de la comisión de cooperación una imagen de trascendencia. El ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, presiderá la delegación gubernamental, y Roca, la catalana.El apoyo de CiU al Gobierno socialista se vertebra sobre dos ejes: cambio en la política económica (apoyo a la economía productiva y reformas estructurales) y giro autonómico, que se negociarán en instancias diversas: entre grupos parlamentarios, entre ministros y consejeros, y en el marco de la comisión de cooperación. Los nacionalistas aspiran a que el giro autonómico pueda materializarse este año, ante la perspectiva de elecciones anticipadas en 1996 (las autonómicas se celebrarían entonces, a finales de 1995).

Fuentes cercanas al Gobierno catalán informaron a este diario de los principales cuestiones que plantearán:

Inserso. La mayor parte de los programas de este instituto, dependiente de Asuntos Sociales y destinado a aplicar la política para las personas de la tercera edad y discapacitadas, están transferidos a las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, y próximanente serán traspasados al resto, excepto los programas llamados de ámbito nacional: viajes de la tercera edad y termalismo social, entre otros, que la Administración central considera que si se parcelan no podrán llevarse a cabo. Desde la campaña 1993-1994 las comunidades autónomas participan en la adjudicación de los programas y en la información y publicidad figuran los anagramas de las autonomías. La Generalitat reclamará el traspaso de esos programas.

Autopistas. La Generalitat reclama el traspaso de la titularidad de todas las autopistas que transcurren por Cataluña, aunque sean supracomunitarias. De entrada pide el traspaso de la A-17 (Barcelona-Granollers) y la A- 19 (tramo Montgat-Palafolls), y para más adelante todas las demás (A-7, A-2 y B-30), para poder unificar así la política de peajes.

Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa). Este organismo del Ministerio de Agricultura, con competencias en contingentes lácteos, cereales y aceites, entre otros productos agrícolas, también es reclamado por la Generalitat para asumir sus competencias.

Plan Futures. Se trata de un programa de la Secretaría General de Turismo que otorga incentivos y ayudas para la reconversión y potenciación del sector turístico, fomentando desde una mejora en la calidad de esta industria, hasta la búsqueda de nuevos productos y la promoción en el extranjero. La Generalitat considera que si tiene competencias exclusivas en turismo debería poder administrar este programa.

Inem. El traspaso del Instituto Nacional de Empleo es una vieja reivindicación del Gobierno catalán, al que no renuncia pese a haber creado recientemente un Servicio Catalán de Colocación, que complementa los servicios de aquél. También en materia laboral, la Generalitat reclama la formación ocupacional.

Paradores de Turismo. La Generalitat reclama la transferencia de los paradores en territorio catalán pero para proceder a su privatización.

El Gobierno catalán, por otra parte, aspira a que se revisen determinadas leyes que, en su opinión, laminaron la autonomía. Dentro de unos días en el Congreso de los Diputados se votará la toma en consideración de una proposición de ley de CiU para modificar la Ley del Suelo. El proyecto para modificar la Ley de Costas que se presentó en el anterior periodo de sesiones será retirado y sustituido por otra iniciativa del Parlamento catalán. Los nacionalistas admiten en privado que el primer texto fue un error que dio pie a que ecologistas y Ministerio de Obras Públicas les acusaran de querer acabar con la protección de la línea de costa y favorecer la especulación inmobiliaria. El nuevo redactado tratará de que quede claro que el objetivo es recuperar competencias sin menoscabo de la protección del litoral.