La juez del 'caso Roldán' imputa delitos de malversación y cohecho al ex diplomático Paesa

La magistrada Ana Ferrer, instructora del sumario que afecta al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, ha redactado un auto en el que imputa los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho al ex diplomático Francisco Paesa, de 58 años. Éste fue exonerado en 1991 por la Audiencia Nacional de la supuesta relación con las actividades terroristas de los GAL por la que Baltasar Garzón le había procesado. La magistrada ha tomado esta decisión tras investigar diversas actividades irregulares que Paesa y Roldán realizaron presuntamente en conmvencia. La resolución no ha sido comunicada aún al ex diplomático porque no hay constancia oficial de su actual paradero, según fuentes cercanas a la investigación.

La magistrada Ana Ferrer ha decidido prorrogar duratne otro mes el secreto de las diligencias del caso Roldán, cuyo sumario ya ocupa 16 voluminosas tomos y 21 piezas separadas.Nada más estallar el escándalo, la policía investigó, entre otras cosas, la compravetna de tres pisos en Prado de Somosaguas (Madrid) a través de la firma Selwin Finance, radicada en Panamá y cuyo responsable Jack Pierre Aberlé. Aberlé, considerado por fuentes policiales como el testaferro en Suiza de Luis Roldán, está vinculado con Francisco Paesa entre otros negocios, como público este periódico el pasasado 30 de junio.

El ex diplomático y antiguo colaborador del Ministerio del Interior ha negado siempre cualquier relación con el ex director general de la Guardia Civil y asegura que jamás ha tenido ningún negocio con él.Relaciones con Roldán

Tras la huida de España de Rolán, la policía española investigó también algunas llamadas telefónicas presuntamente efectuadas por Luis Roldán desde un piso de París que supuestamente pertenecía a Paesa. Este ex diplomático, que también fue relacionao por el juez Garzón con la trama de los GAL, participó con Roldán en 1992 en la venta de armas a Angola por encargo de las autoridades de ese país africano.

Con Francisco Paesa, son ya al menos cinco las personas que figuran como imputadas en el complejo y extenso sumario que construye la juez Ana Ferrer contra el prófugo, según fuentes de la investigación.

Al ex director general del instituto armado le atribuye la juez Ferrer la presunta comisión de seis delitos: fraude a la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, defraudación, abuso de autoridad falsedad de documentos.

Los otros imputados son la esposa del ex director general, Blanca Rodríguez-Porto; Jorge Esparza, supuesto testaferro de Roldán en varias empresas; el geera] de la Guardia Civil Manuel Llaneras, actualmente expedientado por el Ministerio del Interior, y Francisco Paesa.

A la esposa de Luis Roldán, Blanca Rodríguez-Porto, que se encuentra en libertad bajo fianza e 50 millones de pesetas tras su estancia en la cárcel de Ávila, la juez Ferrer le imputa malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias y falsedad, entre otros delitos.

Las abogados de Rodríguez-Porto afirmaron en su día que difícilmente se puede atribuir un delito de malversación de caudales a una persona que no es funcionario público. Sin embargo, ay doctrina del Tribunal Supremo en la que se entiende que sí cabe esa posibilidad, según fuenes jurídicas.

Al general Manuel Llaneras, hombre de confianza de Roldán durante el tiempo en que éste de sempeñó la máxima jefatura del instituto armado, la magistrada le imputa, entre otras cosas, el haber obtenido información privilegiada en la adjudicación de obras de los cuarteles de la Guardia Civil. Como publicó este pe riódico el pasado 18 de enero, Llaneras está expedientado por Interior por permitir el pago de obras de construcción de cuarteles no realizadas.

También pesa sobre el general el haber sido socio en una empresa de automóviles del contratista José Salido Chimeno, administrador y propietario de la constructora Salido, SA. Esta empresa recibió presuntamente del instituto armado cerca de 2.000 millones en contratos a dedo para levantar nuevas casas cuartel.

Paralelamente, la juez Ferrer ha decidido prorrogar durante otro mes el secreto que pesa sobre las diligencias del caso. En un principio, la magistrada tenía previsto levantarlo -y, por tanto, dar traslado de las diligencias a las partes- a finales de la pasada semana, tras mantenerlo secreto durante casi un año.

No obstante, ha cambiado de opinión después de que los policías que investigan el paradero del prófugo de la justicia le hayan sugerido que prorrogase el secreto otro mes.

Cuentas en Suiza

Días después de que el ex director de la Guardia Civil huyera de la justicia española se produjeron millonarias salidas de dinero de las cuentas bancarias que el prófugo poseía en Suiza. Antes de que los jueces pudieran bloquear las cuentas se retiraron al menos 1.500 millones de pesetas.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que se desconoce quién ordenó la salida de ese dinero, que no fue a parar directamente a un lugar concreto, sino que recorrió diversos países con el fin de dificultar su seguimiento, antes de llegar a las manos de quien lo había reclamado.

Un problema de coordinación entre la justicia española y la suiza, según los citados medios, posibilitó la salida de ese dinero. No obstante, todos los indicios apuntan a que pudo ser el propio Roldán o alguna persona que disponía de su autorización quien reclamó a Suiza el dinero.

Las cuentas de que dispuso Luis Roldán en Suiza se nutrieron básicamente de dinero procedente de los fondos reservados del Estado y de las presuntas y millonarias comisiones que se sospecha obtuvo Roldán merced a las adjudicaciones directas de obras para construir o reformar cuarteles. El Gobierno destinó a este menester, durante la época en que Roldán fue máximo jefe del instituto armado, alrededor de 70.000 millones de pesetas.

Fuentes cercanas a las pesquisas aseguran que, desde 1991, Roldán recibía prácticamente todos los meses dos talones del Banco de España procedentes del Ministerio del Interior. Uno de los talones era de 25 millones de pesetas, y el otro, de 10 millones. En teoría, el de 25 millones era para pagar a confidentes de la Guardia Civil, y el de 10 millones para él, como sobresueldo por su trabajo.

Gran parte de estos talones eran al portador y estaban firmados por Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, siempre según los citados medios. Otra parte de los talones llevan la firma de otro alto cargo del Ministerio de Interior. Gran parte de ese dinero ya ha sido localizado en Suiza.