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El capitán de la Guardia Civil que se suicidó admitió haber cometido "pequeñas corruptelas"

En los 21 folios, el capitán deja entrever que durante el paso de Luis Roldán por la dirección de la Guardia Civil se ejecutaron obras por métodos extraños, pero en ningún momento imputa a nadie acciones delictivas o, al menos, no las especifica. Las "pequeñas corruptelas" que admitió haber cometido se centran, según confió a su letrado, en cobrar entre 5.000 y 25.000 pesetas por cada certificación de obra que redactaba (una mensual por obra). Muchas de las empresas que construían para la Guardia Civil acudían a él para que les firmarse las certificaciones. "Todos sus compañeros sabían que cobraba dinero por redactar las certificaciones, pero él sólo era un capitán que se limitaba a seguir instrucciones de sus mandos", subraya Jiménez Yera.

El informe, que redactó a petición de su abogado para que éste conociera el as unto y pudiera defenderle, es distinto, no obstante, de la carta que escribió horas antes de pegarse un tiro en la cabeza, el pasado 29 de noviembre. Cobo iba a ser interrogado ese día por el coronel Pablo Cuesta sobre las irregularidades descubiertas en la adjudicación de obras. La carta póstuma ya está en manos de la juez Ana Ferrer, instructora del caso Roldán. Fuentes jurídicas han señalado que su contenido carece de relevancia penal.

En el informe, Cobo afirma que fue nombrado jefe administrativo del Servicio de Acuartelamientos, "aparentemente", explica, "por mi competencia profesional. Aunque luego tuve la impresión de que, al ser sólo un capitán, ellos [sus superiores] podían apartarme de reuniones y conversaciones. La impresión que tengo,hoy, noviembre de 1994 [se suicidió en la mañana del día 29], se confirma por los acontecimientos que me angustian ahora".

Sobre las andanzas de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, habla poco: "Al acceder al cargo, [Roldán] reorganizó todas las áreas de gestión y colocó al frente de ellas a personas de su confianza. Ordenó que no se cubriera, tras salir varias veces a concurso, el puesto de jefe de administración de Acuartelamientos".

Otra de las personas que cita es Juan Carlos Castro, asesor en Asuntos Institucionales e Infraestructuras de Roldán. "Era quien hacía saber al servicio qué obras había que afrontar, qué arquitectos debían proyectarlas y también el que informaba de las necesidades que surgían durante el desarrollo de las obras. En su despacho, Castro recibía a distintas personas de diversas instituciones, pero también a contratistas o sus representantes y a arquitectos".

Sobre el general Manuel Llaneras, principal responsable del servicio, dice que, en as reuniones a las que él asistió, "casi siempre estaba colgado al teléfono" y no prestaba "atencióna lo que se decía". "[Llaneras] era quien daba credibilidad y oficia lidad a las decisiones de don Juan Carlos Castro". Aunque no lo dice en su informe, Cobo comentó a su abogado que encima de la puerta del despacho de Llaneras había un piloto rojo. "Si la luz estaba encendida, quería decir que no podía entrar nadie", le dijo.

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También habla en su informe de Antonio Merino, hijo de un coronel de la Guardia Civil y subdirector general del gabinete técnico. "Por decisión suya [de Merino] se compró un edificio en Garrucha (Almería) para el alojamiento de los guardias de esa unidad. El vendedor fue su conocido Frasquito. El edificio era nuevo, pero llevaba varios años deshabitado. Costó unos 300 millones. El edificio presentaba algunos desperfectos. Se hizo un proyecto de reforma por valor de 38 millones. Este proyecto no bastó, y se redactó y contrató otro, de unos 70 millones. Pero tampoco bastó este último. Al final, se vio que había un exceso de obra 9jecutada y no contratada de 25 millones".

Sobre José García Mallo, otro de los jefes del Servicio de Acuartelamientos, el capitán dice: "Ascendió a coronel, y le confirmaron como coronel jefe -técnico del servicio de Acuartelamientos. Coincidió en este empleo con Llaneras, cuando éste era coronel. Cumplió la edad para pasar a la reserva activa y perdió el mando del servicio, pero le dejaron como jefe de la oficina de supervisión de proyectos durante un año. Conocido el caso Roldán, sus amigos se han dedicado a desestabilizarle, diciéndole que si había irregularidades, él, como jefe técnico, debió detectarlas y corregirlas".

Contencioso con Norca

El capitán Juan José Cobo cita a varias constructoras que trabajaron para la Guardia Civil. Recuerda que, en 1986, la empresa Norca "puso de relieve, una vez más, los perjuicios [económicos] que decía que se' le habían ocasionado por excesos de obra ejecutada"' para el instituto armado. Señala que "don Juan Carlos Castro y García Mallo no aceptaron una propuesta de acuerdo" que planteó Norca para solventar las diferencias. Ante el desacuerdo, asegura, Norca acudió a los tribunales "Y obtuvo 10 sentencias favorables, con un capital principal frente a la Administración de 260 millones que, al día de hoy, noviembre de 1994, con los intereses de demora, se acerca a los 350 millones".También cita a la constructora Diafer, empresa de Antonio García, Papa Noel, contratista habitual con la Guardia Civil y muy vinculado a Cobo: "Era la empresa que trabajaba, en noviembre de 1993, dentro del complejo del edificio de la dirección general. Y ha seguido trabajando, hasta junio de 1994, en la ejecución de un proyecto; pero no ha infringido nada. Si hay alguna infracción, es de la Administración, no del contratista".

Extraña compens

ación El capitán Cobo recuerda en su informe una obra efectuada en el cuartel de Yunquera de Henares, en Guadalajara, que califica específicamente como "problemática". "Hubo que cambiar dos veces de adjudicatario", indica. "El último [contratista], no pudo acabarla a pesar de que, por indicación del jefe de la comandancia, propuso al servicio de Acuartelamientos, y éste al arquitecto, que la certificase por adelantado, para ver si, financiándosela por anticipado se terminaba por fin. Pero no se terminó y la obra fue paralizada. En un momento dado", agrega, "García Mallo [uno de los mandos del servicio] habló con [la constructora] Diafer y le dijo, más o menos, que el ministro [supuestamente José Luis Corcuera] tenía mucho empeño en que se acabara la obra de ese cuartel rápidamente. Pidió a Diafer que la terminara sin contratar, que ya le compensaría la inversión en otra obra. Al parecer, la terminación importó unos 60 millones de pesetas. Él sabrá en qué obra está compensada esa inversión". Cobo dedica a García Mallo un capítulo de su informe, pero nunca le imputa haber hecho algo que pueda considerarse delictivo.

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