El juez Moreiras ve indicios de estafa en la actuación de Sebastián Reyna y José Ignacio López Rodríguez

La venta a IGS de la aseguradora ugetista Unial ha llevado al juez del caso PSV, Miguel Moreiras, a añadir dos nuevos nom bres a su lista de implicados. Según el juez, el ex director de Unial José Ignacio López Rodríguez "falseó las cuentas y los estados financieros" de la aseguradora, y la gestora IGS "la compró siguiendo las indicaciones de Sebastián Reyna", el actual secretario de finanzas de UGT. Moreiras ve indicios de estafa y falsedad contable.

El juez estima que en esa operación se produjo un "grave quebranto económico" que acabaría repercutiendo en los cooperativistas de PSV. El auto de Moreiras se refiere a la "responsabilidad criminal" de Reyna y López Rodríguez -éste último yerno de Nicolás Redondo- en los delitos de estafa y falsedad contable, pero elude fijar ninguna cantidad como fianza de sus posibles responsabilidades civiles. El juez sí impone, en cambio, una fianza de 42.000 millones de pesetas a los antiguos directivos de la cooperativa Carlos Sotos, Francisco Hernández, Fermín Bretón y Paulino Barrabés y, subsidiariamente, a PSV, IGS y el sindicato UGT, que tiene por objeto cubrir las aportaciones de los socios a la cooperativa.Aunque el auto de Moreiras prevé el embargo de los bienes de esas tres sociedades, especifica que "se tendrá en cuenta la afectación de los bienes de PSV e IGS" por el proceso de suspensión de pagos. La dirección de la cooperativa, sus interventores judiciales y los jueces encargados de su suspensión de pagos coincidieron ayer en afirmar que los bienes de las dos sociedades son inembargables.

Los intereses de varias de las partes implicadas en la crisis de PSV son difíciles de compatibilizar. Por un lado, el juez Moreiras está investigando a los antiguos directivos de la cooperativa como consecuencia de las querellas por estafa y apropiación indebida presentadas contra ellos por más de 5.000 socios afectados.

Por otro lado, el actual presidente de IGS y PSV, Valeriano Gómez, está empeñado en sacar adelante el plan de viabilidad del Gobierno, que pasa por la separación de la cooperativa en unidades lo suficientemente pequeñas como para que los bancos puedan asumir el riesgo de financiarlas. El embargo de los bienes de IGS y PSV abortaría ese proceso, pero Valeriano Gómez no teme que eso vaya a ocurrir. "El auto de Moreiras es positivo", señaló Gómez, "porque tiene en cuenta el hecho de que los bienes de IGS y PSV no son embargables mientras las sociedades estén en suspensión de pagos".

Francisco Méndez-Goas, abogado de un grupo de socios querellantes, consideró también positivo el auto de Moreiras, aunque por razones bien distintas. Según Méndez-Goas, "la perspectiva del juez es que dos personas de UGT -Sebastián Reyna y Paulino Barrabés- tienen responsabilidades delictivas, y que UGT hizo, desde el principio, un vaciamiento de los fondos de la cooperativa".

La UGT, en cambio, mostró su preocupación por el auto de Moreiras, ya que, a su juicio, "vuelve a crear confusión e incertidumbre" y puede influir en el buen funcionamiento de las nuevas cooperativas creadas. El sindicato estudia con sus abogados la presentación de un recurso ante la Sala de Penal de la Audiencia Nacional. En un comunicado difundido ayer, la central afirma que "las indicaciones" atribuidas a Sebastián Reyna para la compra de Unial "sólo aparecen en una declaración unilateral de Carlos Sotos que posteriormente fue claramente matizada y existen pruebas documentales que lo contradicen".