La juez Ferrer cifra en 500 millones de pesetas la responsabilidad civil del prófugo Luis Roldán

Luis Roldán, el prófugo ex director general de la Guardia Civil, provocó un daño a la Hacienda Pública cifrado en 500 millones de pesetas. La juez Ana María Ferrer, instructora del caso Roldán, ha calculado provisionalmente en esa cantidad la responsabilidad civil del fugado por los supuestos delitos cometidos durante su mandato al frente del instituto armado: malversación, prevaricación, fraude fiscal, defraudación y falsedad documental. Esa cantidad no agotaría, en principio, el total apropiado.La juez investiga ahora de oficio el caso Roldán, que se abrió por una denuncia del ahora también prófugo José María Ruiz Mateos. Ferrer debe decidir en la próxima quincena si vuelve a prolongar el secreto que pesa sobre el sumario.

La juez Ferrer ha comunicado a principios de enero a los abogados de los Roldán, Agustín Guardia y José Luis Rodríguez Porto, los autos ordenando el embargode las cuentas y bienes. Esos autos, doce en total, llevan fecha de mayo, cuando se procedió al embargo efectivo.

En esas resoluciones judiciales, Ferrer precisa que el daño económico causado a la Hacienda Pública por Luis Roldán no ha sido calculado definitivamente pero, provisionalmente, fija la responsabilidad civil por ese supuesto perjuicio en 500 millones.

Esta cantidad supone que la juez ha elevado considerable mente la cuantía del daño que calculó inicialmente, en abril pasado, cuando redactó un auto en el que cifraba en 200 millones la responsabilidad civil por este asunto, monto al que tenían que hacer frente con sus bienes y cuentas Luis Roldán, su esposa, Blanca Rodríguez Porto Pérez y la sociedad Europe Capital, de la que el matrimonio Roldán es administrador solidario.

Esa cantidad no incluiría la cantidad de la que supuestamente se habría llevado Roldán, que la comisión del Congreso de los Diputados que investigó el su puesto enriquecimiento ilícito del huido calculó en varios miles de millones, obtenidos mediante comisiones de obras y fondos reservados.

Para hacer frente a esa responsabilidad civil, la juez ordenó el bloqueo de las cuentas corrientes y el embargo de los bienes inmuebles para impedir cualquier intento de venta, como el que se detectó pocas fechas antes de la fuga de Roldán cuando éste intentó vender sus propiedades por 330 millones de pesetas.