El juez encarcela a los dueños de un geriátrico cerrado por malos tratos
Se indaga la relación entre las 18 muertes en el centro y la situación de los ancianos
El juez de Reus (Tarragona) Javier Alvar decidió ayer el ingreso por una noche en la prisión de Tarragona de los dueños y la encargada del geriátrico Catalunya Llar, clausurado el miércoles por indicios de malos tratos a los internos. Alvar, que cerró el centro tras una investigación policial, interrogó ayer a Josep Maria Mengual, propietario junto con su esposa, Gloria Pané, de la residencia en la que han muerto 18 ancianos en los últimos siete meses.
Javier Alvar aplazó hasta hoy la decisión sobre el ingreso definitivo en prisión o la puesta en libertad de los dos propietarios y la encargada de la residencia, Amelia Castellnou. Hoy a las 13 horas vence el término legal de 72 horas de detención provisional de los tres implicados.La estricta observación del secreto de sumario, decretado por el juez, y la rigurosa incomunicación de los detenidos, hacen temer a los abogados defensores que Alvar considere fundados los indicios de delito de maltrato. Paradójicamente, no han trascendido quejas sobre el trato recibido por los internos de la residencia. Los familiares de ancianos ingresados han mostrado su sorpresa por los hechos. Ninguno de los 16 ancianos internos en el momento de la clausura han necesitado atención médica.
Los inspectores de Bienestar Social, que visitaron las instalaciones hace 15 días, detectaron irregularidades, pero no indicios de malos tratos o desatención, según el delegado de Bienestar Social, Joan Aregio.
La investigación judicial se centra en establecer si hay alguna relación entre el alto índice de mortalidad de los internos de la residencia y el tratamiento y cuidados que recibían. Desde junio del año pasado hasta el pasado domingo murieron 18 ancianos en el centro.
La acción judicial se inició a principios de año, cuando la fiscalía de la Audiencia de Tarragona recibió una denuncia de posibles malos tratos en la residencia, ubicada en las afueras de Reus. Durante el registro juez requisó toda la documentación del geriátrico, tanto referente al cuidado de los internos, como la administrativa, ordenó la clausura del centro y la detención de la propietaria, Glória Pané, su esposo Josep María Mengual, que lo administraba, y de Amelia Castellnou, la trabajadora más antigua.
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