La Fiscalía de la Audiencia Nacional insta al juez a que no admita la querella del Gobierno contra Amedo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional instó ayer al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, a que no admita la querella presentada en nombre del Gobierno contra el ex policía José Amedo. La fiscal María Dolores Márquez de Prado destaca en su fundamentado informe que el delito de calumnias del que se acusa a Amedo consiste en que éste hace faIsas imputaciones a miembros del Gobierno, pero lo cierto es que las denuncias de Amedo figuran en un sumario abierto, por lo que no se podrán reputar de falsas hasta que haya sentencia firme en ese proceso.

La fiscal dice textualmente en el escrito en el que pide que se desestime la querella: "Visto que el núcleo de la querella interpuesta por el abogado del Estado está constituido por unas imputaciones realizadas por el querellado en el marco de un procedimiento penal (...), sin duda que la solución razonable y jurídica es la de rechazar el ejercicio de cualquier acción que incida en la labor del funcionario judicial que tiene, por razón de su cargo, el deber de investigar, perseguir o castigar los delitos denunciados"."Sólo cuando el procedimiento penal incoado", agrega la fiscal, "o aquéllos que de él se deriven, concluyan tras sentencia o auto, también firme de sobreseimiento o archivo del tribunal (...) y siempre que en la causa resultaren indicios de la falsedad de las imputaciones, será procedente la persecución de la falsa imputación".

Extemporáneas revelaciones

En el escrito, la fiscal lamenta que Amedo y Domínguez hayan difundido parte del sumario, "pues sus extemporáneas revelaciones amenazan no sólo la dignidad y derechos fundamentales de personas contra quienes ni siquiera se ha dirigido aún acusación alguna, sino también a los mismos intereses de la acción de la Justicia, en la medida que quizá contribuyan a taponar posibles fuentes de prueba y a agotar ulteriores fases de investigación".

Según la fiscal Márquez de Prado, la sociedad española muestra gran interés por el desarrollo de este proceso por la naturaleza de los, hechos acaecidos y las características de las personas intervinientes, lo que origina una lógica y, legítima demanda de tratamiento informativo. "De no ser así", agrega la fiscal, "tal vez se correría el riesgo de que unos importantes acontecimientos de nuestra realidad social quedaran hurtados al derecho de información".

La fiscal puntualiza en su escrito que es necesario "proteger el respeto y la dignidad de las instituciones, pues son patrimonio de los ciudadanos, pero sin olvidar que en los sistemas democráticos el prestigio y la buena reputación de los órganos del Estado se defienden mejor saliendo al encuentro de la opinión pública que a la sombra de las leyes penales".

El informe de la fiscal reconoce que existe una identidad entre las imputaciones judiciales y las periodísticas que dieron lugar a la querella del Gobierno. Lo que se denuncia por parte de Amedo, según la fiscal, es la intervención de "personas pertenecientes, dependientes, relacionadas, próximas o afines a responsabilidades de Gobierno, así como que con dinero público se financiaban actividades de ese grupo con el marchamo del GAL".

La presunta falsa imputación de los delitos, según Márquez de Prado, no se hace al Gobierno de la Nación, como órgano constituido en Consejo de Ministros, que, según la ley, es el verdadero sujeto pasivo del delito, sino a personas, de mayor o menor rango, que formaban parte del Gobierno cuando ocurrieron los hechos que se investigan.

La fiscal, menciona también detalles técnicos, como que el delito imputable a Amedo sería delito especial de calumnia previsto como desacato, y que para apreciarlo se necesita que el que hace la imputación sea consciente de que lo que está diciendo no se ajusta a la verdad o manifieste un claro desprecio hacia ésta. Agrega que como las declaraciones de Amedo se hicieron antes ante el juez que en la prensa, en caso de que se reputasen falsas, el delito cometido sería acusa ción y denuncia falsa.

El Ministerio de Justicia, a través de un portavoz, afirmó que no va a valorar el informe del fiscal sobre la querella contra Amedo y que se esperará a la decisión del juez sobre su admisión a trámite.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, por su parte, replicó desde Sevilla a las acusaciones de pasividad que le hizo en EL PAÍS el presidente de la Comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina. "En todos los casos, nuestra actuación responde al principio de legalidad e imparcialidad definido en la Constitución. Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones, y eso se está haciendo con rigor y seriedad", aseveró.

Por su parte, el juez Garzón reiteró la decisión de no llamar a declarar al ex ministro José Barrionuevo, por no existir contra él indicios suficientes en el sumario de los GAL. Esta decisión confirma la adoptada a principios de mes por el juez Carlos Bueren, que rechazó tomar declaración al ex ministro, a pesar de que José Amedo y Michel Domínguez han declarado que Barrionuevo era informado por Julián Sancristóbal de los pormenores del secuestro de Segundo. Marey a manos de los GAL.