El Gobierno y los GAL

En nuestra opinión, carecen de toda credibilidad las afirmaciones del Gobierno de que no existe constancia de ninguna responsabilidad política en la creación de los GAL y, por consiguiente, tampoco en los crímenes que cometieron. Y aun cuando al común de los delincuentes le es lícito negar en su favor la comisión de sus delitos, resulta inadmisible que los gobernantes no reconozcan todas las responsabilidades que les conciernen, derivadas del uso abusivo del poder que les han otorgado los ciudadanos. Su obligación es investigar para esclarecer -en el caso de los GAL- estos hechos ante la sociedad y la justicia, facilitando que ésta indague por el uso de los fondos reservados, cuando ya hace anos que los jueces han manifestado que existen fundadas sospechas de que con ese dinero se financiaron las actividades de este grupo terrorista.En los últimos días hemos asistido asombrados e indignados a una serie de exculpaciones de las actuaciones criminales de este grupo, que han procedido del Gobierno y de su partido, y que parecen una confirmación implícita de haber estado implicados en ellas. Hemos escuchado que la mayoría de los delitos cometidos por este grupo entre 1983 y 1987 son explicables si se atienden a las circunstancias de aquellos años. Como si en aquel periodo no estuviera vigente el Código Penal que persigue ese tipo de hechos, o como si en aquellos años los gobernantes, cual poder absoluto, esto es, no democrático, estuvieran exentos de cumplir las leyes y tampoco tuvieran que rendir cuentas de sus actos ni a la justicia ni a los ciudadanos.

Insinuar la prescripción de aquellos hechos, además de ser jurídicamente falso es políticamente irresponsable. Nunca prescribe la obligación de los gobernantes de dar cuenta de sus actuaciones ante, la, opinión pública, sobre todo cuando al cabo del tiempo le llega a ésta la información de nuevos elementos. hasta entonces desconocidos.

Implica una profunda corrupción moral y democrática sugerir que el error político de los crímenes de los GAL ha consistido en que se llevaron a cabo con chapucera profesionalidad en lugar de haberlos realizado de modo que se hubiese borrado tras sí cualquier huella delatora.

Sugerir que amplios sectores de la sociedad aprueban este tipo de crímenes policiales, además de no estar contrastado, no debe interpretarse como una justificación de los mismos, sino que, de ser cierto, debería producir una gravísima alarma acerca de la salud de nuestra democracia, pues ésta se basa en el reconocimiento general del imperio de la ley, igual para todos. Si éste fuera el caso, es obligación de los gobernantes apoyarse en tal estado de opinión, sino hacer todo lo posible por contrarrestarlo con conductas ejemplares, pues tales ideas significan un ataque directo a la esencia del Estado de derecho.

La afirmación de que el error Iba consistido en no indultar a tiempo a los ex policías Amedo y Domínguez equivale a reconocer que con esa medida de gracia -utilizada en su intención fraudulenta- se habría pagado su silencio acerca de las responsabifidades en el ámbito político de la existencia de los GAL. Recordamos a la opinión pública que gran parte de los 26 asesinados y de los muchos heridos por las actuaciones de este grupo no tenían ninguna relación con ETA, y otros eran supuestos miembros de esa banda, con derecho, hasta que no hubiese sentencia condenatoria, a la presunción de inocencia que ahora reclaman para sí los inculpados de promover los GAL; sentencia que nunca habrían sido de pena de muerte, abolida en nuestras leyes.

Resultan aberrantes y sectarias las insinuaciones que intentan sostener la incapacidad del Juez Baltasar Garzón para llevar adelante este caso. Hace año y medio, el PSOE presentó a este juez en un puesto privilegiado de su lista electoral, como emblema que avalaba su voluntad de combatir la propia corrupción. Ese crédito del que gozaba este juez, entre otros méritos, se basaba también en su valentía para llevar adelante las investigaciones del primer proceso en contra de los GAL. Acusarle ahora de corrupción en el ejercicio de sus legítimas funciones deja al descubierto la incoherencia y parcialidad de quienes hace tan poco tiempo le promovían como signo de lo contrario.

Algunos de los despropósitos cometidos en aquellos años por los responsables del Ministerio del Interior quedan ahora en evidencia cuando las personas -incluido el propio ministro de entonces José Barrionuevo- que hoy se ven acusadas por los ex policías Amedo y Domínguez, en el juicio en que éstos se vieron condenados, los presentaron como policías ejemplares, de los que les parecía inverosimil que hubieran cometido delito alguno.

FIRMANTES: