La Xunta, encarga una auditoria para investigar si una bodega desvió créditos con subvención oficial

La Xunta de Galicia ha encargado una auditoría para determinar si la bodega La Patena usó correctamente un crédito de 1.000 millones de pesetas, subvencionado por el Gobierno autónomo, para adquirir uva a los productores de la comarca de Ribeiro, (Orense). La empresa sólo ha podido justificar una inversión de 242 millones en compras, a los agricultores y está sometida a una investigación judicial acusada de falsificar las etiquetas de las botellas que garantizaria la denominación de origen del vino. El diputado nacional del PP Manuel Cabezas, que fue gerente de la bodega, abandonó este cargo y Vendió todas sus acciones tres meses antes de que la Xunta concediese la ayuda oficial.

El Gobierno gallego, que hasta ahora había negado cualquier irregularidad, revelé en un comunicado oficial que el pasado 12 de diciembre decidió encargar una auditoría. "para confirmar la corrección del destino del crédito. El Consejo de Gobierno de la Xunta también decidió ayer personarse como acusación particular en las diligencias judiciales sobre la falsificación de las etiquetas del vino dos meses después de que los hechos fuesen denunciados.El 9 de diciembre, el PSOE había pedido en el Parlamento gallego la creación de una comisión para investigar el caso, ya que, según el diputado Francisco Sineiro, existen indicios de que el dinero público se pudo desviar a la compra de uva foránea, empleada en la elaboración de vino que se comercializa como ribeiro. Sineiro expresó ayer sus sospechas de que con la solicitud de la auditoría la Xunta pretenda eludir la investigación parlamentaria. En el registro mercantil de Orense, la empresa sólo ha presentado las cuentas de 1989, según denunció el dirigente del sindicato Unions Agrarias José Luis Fernández Celís..

El Ejecutivo autónomo, del PP, asegura que hasta ahora ha pagado a la bodega 165 millones. Sin embargo, como publicó EL PAÍS el pasado día 8, la cantidad global comprometida asciende a unos 320 millones, ya que en febrero de 1992 el Consejo de Gobierno decidió subvencionar en nueve puntos porcentuales el préstamo sindicado a seis años, amortizable hasta 1996. En su comunicado, la Xunta señala que la ayuda a la bodega no puede considerarse estrictamente una "subvención", pese a que ésa fue la denominación que le otorgó el propio Gobierno en un documento oficial enviado al Parlamento gallego el 30 de junio de 1992, firmado por el entonces consejero portavoz,. Víctor Vázquez Portomeñe.

Parlamentario desde 1993

El diputado nacional del PP

Manuel Cabezas ha desmentido a este diario cualquier relación con las presuntas irregularidades cometidas, ya que el crédito fue concedido tres me ses después de que él abandonase su cargo en la bodega. Cabezas cesó como gerente en noviembre de 1991 y, aunque sigue figurando en el registro mercantil como uno de los accionistas, en esas mismas fechas vendió sus participaciones sociales. El dirigente popular destaca que en ese momento tampoco era diputado, ya que no obtuvo su escaño hasta las elecciones generales de 190. "Había visiones distintas sobre la empresa y por eso decidí, abandonar", explicó Cabezas.

Sus acciones fueron adquiridas por Manuel Vázquez Pérez, que ya controlaba la mayoría del capital social. Vázquez se distinguió por su apoyo al PP en las últimas autonómicas. Otros pequeños accionistas de la bodega también están vinculados familiarmente. a militantes de ese partido, según el senador socialista Luis Milia.

Pese al descubrimiento hace dos meses de la falsificación de las etiquetas que garantizan la denominación de origen, toda vía continúan comercializándose botellas del vino. fabricado por la bodega, marca Fin de Siglo. El sindicalista Fernández Celís afirma que ha pedido a la Xurita que utilice sus inspectores de consumo para inmovilizar el vino. Según Fernández Celís, su sindicato llevaba ad virtiendo desde hace dos años que la producción de vino de Ribeiro no se correspondía con las mermas que se produjeron en las cosechas como consecuencia de las granizadas y otras inclemencias meteorológicas. El presidente del Consejo Regulador del Ribeiro es Antonio Lorenzo, militante del PP.