PSOE y PP pactan aprobar antes de las elecciones los 70.000 nuevos pisos

VIENE DE LA PÁGINA 1Echeverría acepta ahora acometer en una primera fase la construcción de unas 50.000 viviendas, cuando hasta hace unos meses pretendía acometer los 70.000 pisos a la vez. Echeverría explica que esos 50.000 pisos corresponden a los suelos que los promotores inmobiliarios y las cooperativas tienen preparados para actuar sobre ellos.

Rodríguez Colorado evita pronunciarse sobre el número de pisos a desarrollar en un primer momento, aunque señala que el resto de las viviendas se construirían en el segundo cuatrienio de ejecución del Nuevo Plan General.

Pero Echeverría contempla también la posibilidad de que la Comunidad rechace alguno de los nuevos barrios (el de Arroyo del Fresno, junto al monte de El Pardo, es el que más escuece a la Comunidad).

"Si prefieren no aprobar alguno de los barrios, lo incluiré en el Nuevo Plan General de Madrid", explica Echeverría. Rodríguez Colorado responde que desde el principio se opuso radicalmente a ese barrio, donde el Ayuntamiento dibuja 3.000 nuevas viviendas.

Para desarrollar el convenio entre Leguina y Álvarez del Manzano, Echeverría y el consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, firmarían la creación de un consorcio urbanístico para controlar el desarrollo de los nuevos barrios.

Consorcio para los barrios

Pero mientras que el concejal de Urbanismo pretende que ese consorcio se refiera sólo a las viviendas de protección oficial, el consejero de Política Territorial pretende que toda la operación de crecimiento de Madrid se controle desde ese organismo, como sucede en otros municipios de la región. Es en este punto donde existen más discrepancias.

La Comunidad rechazó en junio aprobar los seis expedientes relativos a los nuevos barrios y el Ayuntamiento recurrió ante los tribunales. Echeverría se negó a tramitar de nuevo esos expedientes con las reducciones que planteaba la Comunidad: 36.000 viviendas en vez de 70.000 y un cupo importante de viviendas de protección oficial.

El concejal encargó un informe al secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella, sobre la viabilidad jurídica de ese procedimiento, que, según Echeverría, ha sido ya emitido con un pronunciamiento favorable.

Rodríguez Colorado admite que es posible llegar a una solución con los mismos expedientes. "Hay fórmulas para hacerlo, muy alambicadas, pero las hay".

Las posturas de ambas administraciones ha cambiado bastante en los dos últimos años. El Ayuntamiento pensó en un principio (corría el año 1992) construir 72.753 viviendas en los seis nuevos barrios. En el pleno que aprobó inicialmente el plan de vivienda más ambicioso, el PSOE se abstuvo, aunque criticó la propuesta, e Izquierda Unida votó en contra.

Luego (en febrero de 1993) rebajó a 54.520 el número de pisos, con la oposición del PSOE e IU, para luego volver a subir la cifra hasta las 69.450, en octubre de 1993, que fue la que se aprobó definitivamente en el Ayuntamiento con los únicos votos de los concejales del PP.

"No podemos rebajar nada esta última cifra porque, de otra manera, se hace completa mente inviable la operación" argumenta Echeverría.

En principio, el Ayunta miento dejaba 45.000 viviendas con algún tipo de protección, pero no matizaba cuántas serían de protección oficial y cuántas de precio tasado.

La Comunidad pretendía autorizar sólo 35.000 viviendas en tres de los nuevos barrios, (Las Tablas, en Fuencarral; Sanchinarro, en Hortaleza, y Carabanchel), de las cuales 5.000 serían de alquiler y promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima, organismo que depende del Gobierno regional).

Posteriormente redistribuyó esos pisos en cinco de los barrios propuestos por el PP: se dejaban 36.000 viviendas, de las cuáles 16.000 serían de protección oficial, 10.000 de precio tasado y el resto se venderían en el mercado libre a precios libres.

Comidas y moratorias

Las docenas de comidas entre el consejero de Política Territorial y el concejal de Urbanismo; las reuniones de Leguina con Álvarez del Manzano, llenas de buenas palabras e intenciones, sin efecto durante muchos meses, han estado trufadas de acusaciones mutuas, moratorias para seguir negociando y un debate profundo en la sociedad.

Ambas administraciones han contado con apoyos de diversos colectivos a sus propuestas. El grupo municipal socialista mantiene una postura aún más dura que sus colegas de partido en el Gobierno regional. La Federación Regional de Federaciones de Vecinos se opone a los planes del PP para la ciudad, al igual que los alcaldes del cinturón industrial que rodea a Madrid.

Los regidores de Alcorcón, Alcobendas, Getafe, Leganés y Rivas-Vaciamadrid presentaron alegaciones al avance del plan general, en las que expresaban su oposición a los planes de expansión de Madrid. Su argumento era que con los seis nuevos barrios se colapsarían los accesos a la capital.

Por la otra banda, los empresarios madrileños agrupados en la Confederación Empresarial de Madrid, asociada a la CEOE (patronal estatal), arremetieron en marzo de 1994 contra el Gobierno socialista de Joaquín Leguina por bloquear los planes urbanísticos del PP.

Como telón de fondo de la polémica por el crecimiento de Madrid siempre ha permanecido el reparto de las competencias urbanísticas, un asunto en el que el Estatuto de Autonomía de Madrid reserva el máximo poder de decisión al Gobierno regional. Echeverría es un firme defensor del traslado de esas competencias a los municipios. "En la Federación Española de Municipios he logrado convencer a todos los miembros de la comisión de urbanismo [de la que es vicepresidente], donde hay alcaldes y concejales de todos los partidos, y no voy a ceder ahora", concluye.