Apoyo vecinal al matrimonio de jubilados condenado a dejar su piso
La ciudad de Badia (Barcelona) olía ayer a solidaridad. A las nueve de la maÑana, casi un millar de vecinos se concentraron ante la vivienda de José Medina y María Dolores Vico. Sobre ambos pesaba una orden de desahucio que debía hacerse efectiva a las diez de la mañana. El motivo: el impago de 20.000 pesetas de tres letras de un televisor en 1983, lo que dio lugar al embargo del piso del matrimonio.
La noche del martes, el propietario de la que fuera vivienda del piso Medina-Vico, Juan Carlos Rodríguez Miñana -que adquirió el piso por 20.000 pesetas a la financiera que lo compré en subasta para resarcirse de la deuda de 20.000 pesetas del televisor-, había cedido. Los abogados de Miñana enviaron una carta a la juez Belén Verdiguer, para que aplazase la orden de desahucio. Pero faltaba saber si la magistrada aceptaba la solicitud.Las pancartas colgadas, en los balcones pedían "Solidaridad" y anunciaban "Rebajas de enero: pisos por 20.000 pesetas". En la calle, los comentarios de los vecinos se centraban en el proceder de la juez y del abogado de oficio de los Medina-Vico, Jordi Anglès, a quien el matrimonio acusa de no haberles informado de su situación legal.
Una amiga de la familia Medina-Vico, Josefa Ginestar, explicaba: "Parece ser que les han tendido una trampa. Porque, si ellos hubieran sabido que su piso se subastaba por 20.000 pesetas, entre los del barrio hubiéramos reunido el dinero de sobras". "Veinte mil pesetas, ¡si eso, te pones en una esquina y lo consigues en media hora!", era el comentario del día. Durante toda la mañana, Badia se paralizó.
Minutos antes de las 10 de la mañana, aparecía Clara Gutiérrez, secretaria de la Asociación de Vecinos de Badia, con unos papeles en la mano. "Lo hemos conseguido". El aplauso y los vítores apagaron el ruido de la autopista A-18, que pasa tan sólo a cinco metros de la vivienda de los Medina-Vico. "La juez ha aplazado la sentencia". Clara subió inmediatamente al piso de José y María Dolores para comunicarles la noticia.
Calmados los ánimos, Clara Rodríguez explicó a los vecinos cómo había ido todo el proceso y anunció: "Como vemos las cosas muy oscuras, vamos a poner el caso en manos del fiscal jefe de la Audiencia, Provincial, Carlos Jímenez Villarejo. En Badia la solidaridad permitirá que se intente por todos los medios evitar estas barbaridades".
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