El Supremo exigirá a Vera que formule sus denuncias en querellas

La denuncia del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera contra el juez Baltasar Garzón, por presuntas coacciones a su ex secretario Juan de Justo, no entró ayer en la Sala Segunda del Supremo, según fuentes del tribunal, pero cuando llegue no producirá mayores efectos, ya que la responsabilidad criminal de jueces y magistrados debe ser perseguida mediante una querella y no una denuncia, según los artículos 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.Para abrir un juicio de responsabilidad penal contra jueces se requiere una querella del fiscal o del perjudicado, o el ejercicio de la acción popular. Teóricamente, el Supremo o el fiscal podrían actuar de oficio contra Garzón sólo con el texto de la denuncia, pero tal posibilidad está prácticamente descartada, según las citadas fuentes.

El Supremo ha dictado multitud de resoluciones en las que considera la interposición de la querella un "requisito de procedibilidad", por lo que no estima que baste una denuncia para abrir un antejuicio contra un magistrado. Las citadas fuentes explicaron, sin embargo, que esta falta de requisitos no impide que el denunciante subsane los defectos de forma personándose como acusación mediante una querella.

Por otra parte, el inspector Julio Hierro, de la Jefatura Superior de Bilbao, a quien Garzón dejó en libertad bajo fianza de 10 millones, declaró a Efe que el magistrado no le presionó durante su declaración ni le obligó a cambiar de abogado.

Estas declaraciones de Hierro hacen referencia a uno de los hechos denunciados por Vera contra Garzón. Hierro, contrariamente a lo denunciado por Vera, aseguró que el juez no le obligó a prescindir de los servicios del abogado Jorge Argot y añadió que cuando declaro ya estaba acompañado por su actual letrado, José Aníbal Álvarez.

Declaración libre

Respecto a su declaración judicial, Hierro destacó. que no recibió del instructor coacción alguna, sino que declaró "libremente", y precisó que el juez no le preguntó sobre Vera ni sobre ningún ex ministro del Interior.

Por su parte, el juez levantó ayer el embargo de las cuentas de tres de los implicados en el caso GAL: el ex jefe de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, y los ex inspectores Julio Hierro y Francisco Saiz Oceja. El juez estimó así una petición del abogado José Aníbal Álvarez, que alegó "problemas de economía familiar, ya que les estaban devolviendo todos los recibos".

La querella presentada por el Servicio Jurídico del Estado contra el ex policia arrepentido José Amedo, por presuntos delitos ole calumnias y desacato al Gobierno, correspondió al juez central de instrucción número 2, Ismael Moreno Chamarro.

Moreno Chamarro, antiguo inspector del Cuerpo Nacional de Policía, recibió la querella por asignación, según las normas de reparto del decanato de la Audiencia Nacional, con un orden previamente establecido.

Por otro lado, el fiscal del caso GAL, Pedro Rubira, se opondrá a que el ex ministro del Interior José Barrionuevo declare ante Garzón, ya que no está personado en la causa y no ha sido formalmente inculpado.

El fiscal se opondrá a la libertad del ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, y de los ex comisarios Francisco Álvarez, ex jefe del Marido único de la Lucha Antiterrorista y Miguel Planchuelo, ex jefe de Información de Bilbao.