Patrimonio anuncia por sorpresa el cese de la actividad de Intelhorce

La Dirección General de Patrimonio del Estado dio ayer un inesperado giro en el conflicto de la empresa textil malagueña Intelhorce. En mitad del proceso de negociaciones sobre la viabilidad de la factoría anunció un expediente de regulación temporal de empleo para la práctica totalidad de la plantilla, integrada por más de 700 trabajadores, al tiempo que comunicaba su intención de cesar la actividad industrial en la fábrica. Los sindicatos, primero sorprendidos por la decisión, respondieron amenazando con una " respuesta contundente" ante lo que consideran una "auténtica provocación".La decisión de la dirección de General Textil Española (GTE), que pertenece a Patrimonio del Estado, se justifica en la "imposibilidad de conseguir nuevas ayudas públicas para el mantenimiento de la empresa y la consiguiente falta de nuevas líneas de descuento bancario, que ha desembocado en una situación de absoluta falta de liquidez".

Patrimonio reitera, en un comunicado, que la fábrica es inviable y el expediente se contempla "como una medida de cese escalonado de la actividad industrial por un máximo de seis meses, en tanto se negocia con los grupos interesados en su adquisición la venta de las instalaciones y las condiciones en que los trabajadores podrían incorporarse a la nueva explotación".

La Administración pretende forzar la entrada de un socio privado, aunque las negociaciones no están muy avanzadas. Existen tres grupos interesados: Textil santanderina, Tave de Valencia y el grupo levantino Colortex, de Onteniente. Esta última empresa es la que se ha mostrado más interesada, aunque reducir la plantilla en 300 trabajadores sobre los 729 actuales.

La empresa aduce, además, que la iniciativa anunciada "es una medida de defensa no sólo de los puestos de trabajo que pudieran finalmente regenerarse, sino de los acreedores de la empresa, de forma que sus créditos podrán ser satisfechos por General Textil".