Ulises y las sirenas

Las contestaciones dadas anteayer por el presidente del Gobierno a Iñaki Gabilondo fueron una caliente mezcla de afirmaciones tranquilizadoras, amenazas veladas, negaciones de evidencias, salidas evasivas y mensajes contradictorios. La tendencia caracteriológica de Felipe González a esperar la salida del arco iris tras la 1 tormenta adoptó esta vez un tono de firmeza cercano al temple autoritario. La invocación a la presunción de inocencia de los acusados en el caso Marey fue la clave de arco de su intervención televisiva. Es una muestra de rigidez, sin embargo, dar idénticas respuestas a situaciones cambiantes. Desde que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 1991 y confirmada por el Supremo en, 1992 condenó a, 108 años de prisión a Amedo y Domínguez, los avales de Felipe González en. materia de terrorismo de Estado son inanes; el desmentido judicial a su rotunda afirmación -en julio de 1988- de que nunca habría pruebas para encarcelar a los dos ex policías debería hacerle: más prudente a la hora de lanzar órdagos sobre la inexistencia de toda conexión entre los aparatos de seguridad y los crímenes de los GAL.

Desde hace años, la estrategia de los socialistas para enfriar las denuncias de corrupción y terrorismo de Estado ha sido promover su judicialización con la esperanza de que la lentitud de los trámites sumariales les permita ganar tiempo, los defectos de forma provoquen la nulidad de las actuaciones y las dificultades probatorias propicien sentencias absolutorias. A mediados de 1994, la detención del ex gobernador del Banco de España, la huida del ex director de la Guardia Civil modificaron parcialmente esa doctrina; en ambos casos, la exigencia de responsabilidades políticas completó la petición de responsabilidades penales. Anteayer, sin embargo, Felipe González regresé a la ortodoxia primitiva: mientras el Supremo no dicte sentencia firme sobre los nuevos sumario de los GAL y de los fondos reservados, los acusados no sólo estarán amparados por la presunción de inocencia, sino que podrán querellarse contra quienes se hagan eco de esas imputaciones.

Más de cinco años transcurrieron entre la apertura del caso Amedo y la sentencia con que el Supremo confirmó la condena dictada por la Audiencia Nacional contra los dos ex policías y mostró el error del presidente del Gobierno al apostar por su inocencia; se requeriría un plazo no inferior digamos 1999- para que una eventual sentencia firme del Supremo sobre el caso Marey permitiese la verificación judicial del nuevo aval dado por Felipe González. La noticia del afloramiento de una cuenta en Suiza a nombre de Amedo y Domínguez, presuntamente alimentada por fondos reservados del Ministerio del Interior, evoca una reflexión parecida; aunque la información fuese correcta, el Poder Judicial tardaría un lustro en remontar la corriente y llegar a los manantiales de la financiación de los GAL.

La intervención televisiva de Felipe González no operó sobre una sociedad homogénea; los diferentes niveles de información crean una gran distancia entre una minoría conocedora de las interioridades de la vida política nacional y una mayoría ajena a ese tipo de conocimientos. De ahí que las palabras en televisión del presidente del Gobierno hayan tenido seguramente efectos contradictorios en función de esos públicos diversos: una parte tal vez mayoritaria de la sociedad respiraría anteanoche con alivio; otros sectores, sin embargo, sentirían confirmados sus temores sobre la implicación estatal de los GAL. Movido por el miedo a naufragar en los arrecifes de la isla de las sirenas, Ulises se amarró al mástil del navío y taponó los oídos de los marineros para que no pudieran escuchar los cantos de perdición procedentes de sus costas; no es seguro, sin embargo, que el electorado socialista pudiera mantenerse sordo a las informaciones incriminadoras sobre los GAL y los fondos reservados si la actual escalada de revelaciones continuase nutriendo los sumarios judiciales.