Emergencia del agua

LOS ESPAÑOLES comenzamos a acostumbrarnos a estrenar cada año con el anuncio de que Obras Públicas decide ejecutar trabajos de emergencia para paliar las dificultades de abastecimiento de amplias zonas de la Península, desde Madrid hasta Tarifa. Emergencia que se manifiesta también en que la Administración adopta procedimientos de urgencia para adjudicar obras. Desde que se inició, hace cinco años, actual ciclo seco, al que algunos califican del más seco del siglo, se repite este procedimiento.Las campañas de emergencia, reiteradas a lo largo de los años, ponen de manifiesto en última instancia una gestión inadecuada de un recurso básico como el agua del que media España es deficitaria. Desde el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) se transmite el mensaje de que la única solución para atajar este problema es el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y se delega en el Parlamento la responsabilidad de su paralización. El PHN puede, en efecto, ser el marco de referencia para los próximos 20 años, pero mientras tanto los gestores del agua -el propio ministerio a través de las confederaciones hidrográficas, las autonomías y los ayuntamientos- deberían tomarse con más seriedad, su administración en épocas de sequía.

Cuando el país tenía un tercio menos de la población actual y su distribución estaba más diseminada, los agricultores y consumidores asumían que en verano el agua solía escasear. A estas alturas ha desaparecido esa conciencia, y el consumo se ha disparado sin que por ello haya cambiado el régimen de lluvias.

Por muchos trasvases, embalses y pozos que se construyan, si no se.administra mejor el agua, la sequía producirá una catástrofe tras otra. No se comprende, por ello, que las confederaciones sigan siendo incapaces de ejercer su papel de gestoras del agua y que, en uno de los peores años de este siglo para toda la zona de Levante, el Ayuntamiento de Valencia opte por reducir de 40 a 35 pesetas el precio del metro cúbico de agua, en un demagógico reclamo en año electoral.

En ninguna ciudad Centroeuropa, donde llueve mucho más que en Valencia, cobran por llevar el agua potable hasta los grifos de las casas por debajo de las 1100 pesetas el metro cúbico.

Los ayuntamientos adeudaban en el año 1993 más de 20.000 millones de pesetas por el canon de vertidos, un concepto que algunos de ellos repercuten en el recibo de agua. Otros se resisten a hacerlo porque es antipopular; prefieren verter el alcantarillado sin depurar a los ríos y ni siquiera aprovechan las aguas residuales para otros usos, como el riego de campos de golf, cuyo consumo, sólo en la Costa del Sol, equivale al gasto demás de 100.000 personas.

Un país de escasos y mal distribuidos recursos hidráulicos no puede desatender por más tiempo tres aspectos básicos: el trasvase de las regiones ricas en agua a las deficitarias, el reciclaje de las aguas residuales para usos industriales y agrícolas y el establecimiento de unas tarifas mucho más acordes con el coste real. Él precio suele ser, finalmente, el argumento de mayor peso para convencer al consumidor de que no debe despilfarrar un bien escaso.