Da mihi factum, dabo ius

Ex magistrado, 67 años, Rafael Pérez Escolar coqueteó con ser abogado de sí mismo. Y aunque primero se anotó en el grupo de querellados que defiende Mariano Gómez de Liaño y después ha elegido a Jesús Castrillo, la realidad no puede ser otra: el coordinador de su propia defensa es él mismo. Ayer, asumió el papel de acusado. Intentó, pues, cumplir la primera parte de la sentencia (Da mihi factum, dame hechos), sin entrar en la segunda (dabo ius, yo te doy el derecho), que le reservó al juez García-Castellón.De las acusaciones que comparte con Mario Conde hay una en relación con Dorna (operación de venta la Corporación Industrial Banesto de un 48% de La Esquina del Bernabéu). Tanto una sociedad de Conde, Inversiones Sanfergo, como una de la familia de Pérez Escolar, Cifuentes 2000, recibieron, respectivamente, dos pagos por dicha compraventa de 178 millones y 21,4 millones de pesetas.

García- Castellón no incluyó el asunto de estos pagos, calificados como comisiones de venta, en el auto de prisión de Conde, lo que ha sido para Pérez Escolar un elemento, prima facie, a su favor.

Otra operación se refiere a la compra de un 50% de Oil Dor -un proyecto para construir una red de gasolineras- por la Corporación Banesto por 6.005 millones. Según declaró Arturo Romaní en el Congreso el 11 de octubre "decían que ya estaba vendida a Repsol por un 35% más o a cualquier compañía internacional el conjunto de gasolineras..., aquí lo que hacíamos era comprar todo el proyecto y luego traspasarlo a un tercero con un beneficio". El hecho es que se valoró una empresa/proyecto en 12.000 millones cuando su neto patrimonial era de 36 millones. Otra de las razones es que Banesto tenía un millón de acciones del banco sin colocar pagó la mitad de los 6.005 millones con dichos títulos.

Entre ellos estaba la familia García Pardo, la sociedad Cifuentes 2000 (de la familia Pérez Escolar), y una empresa propiedad de uno de los consejeros de Oil Dor, Francisco González, cuyo grupo, FG Inversiones Bursátiles, hizo el estudio de valoración del proyecto. American Appiraisal, confirmó la validez del estudio.

Y finalmente el juez García-Castellón ha preguntado por los otros los grandes asuntos: Carburos Metálicos y las minutas cobradas por Pérez Escolar en la fusión de las inmobiliarias Urbis, Ceisa y Mas Macarena. La posición de Perez Escolar en Carburos es, en relación con el punto de la querella, más cómoda. Según su versión, Pérez Escolar acompañó como consejero de Carburos a Arturo Romaní en la negociación con Air Products. El 4 de abril de 1990, en una reunión que tuvo lugar en el paseo de la Castellana, Romaní se entrevistó con Ronald Sullam, vicepresidente de Air Products Euro pa, y el abogado Jim McMahan. Pérez Escolar le acompañó, pero la batuta la llevó Romaní, quien había acordado la orientación con Mario Conde (véase EL PAÍS del 3 de enero). Fue Romaní quien ordenó el pago y dio la cuenta en Suiza para que Air Products enviara el dinero. Cuando la multinacional exigió el comprobante, Pérez Escolar, éste trasladó el asunto a Romaní, quien se negó a cumplimentar el recibo.

Sobre las minutas de la fusión inmobiliaria (471 millones) cobradas por Pérez Escolar, éste confía en que la defensa de Jesús Castrillo, que ha ocupado puestos en la junta de gobierno del Colegio de Abogados, con Antonio Pedrol Rius y ahora, con Luis Martí Mingarro, pueda servir paria ilustrar a Su Señoría sobre las tarifas aplicadas.