Las cajas de ahorro, entre la demografía y el PIB

Según el autor, la financiación autonómica ha sido precisa para estabilizar el modelo de cajas de ahorro, pero no ha conseguido corregir los desequilibrios territoriales.

El conjunto de recursos que las cajas de ahorro recibirán de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 (PGE 95) crece en este ejercicio un 14,5% respecto al precedente. Sin embargo, si se deducen los cambios en la estructura de financiación, él crecimiento reales muy similar al esperado para el PIB.La distribución de este crecimiento se ajusta de forma más que notable a la población con muy poca sensibilidad al grado de desequilibrio territorial. Tras dos años, empieza a percibirse con más claridad que la garantía de suficiencia, acordada en 1992, sacrificaba una intervención política de las cajas de ahorro en favor de la convergencia de los distintos niveles de desarrollo.

Todo parece indicar que la incorporación de técnicas de federalismo a la financiación autonómica ha sido necesaria para estabilizar el modelo, pero a costa de privar al sistema español de uno de los objetivos que lo impulsó: la corrección de desequilibrios territoriales.

El propio Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), además de su congelación, sufre en este ejercicio un cambio relevante como instrumento de reequilibrio, desplazando parte de sus recursos hacia las cajas de ahorro más desarrolladas entre las que reciben este recurso.

La razón estriba en que el ciclo depresivo que ha afectado a la economía española ha penalizado más la renta de las cajas con mayor peso industrial que las de las atrasadas, provocando una redistribución de recursos. Ejemplo claro de que la convergencia de rentas no es sinónimo de equilibrio territorial.

Algo parecido podrá decirse en el futuro del ajuste a la población protegida de la financiación sanitaria. Aunque en este presupuesto mejora la situación de las cajas de ahorro más atrasadas entre las que disponen dé esta competencia, a largo plazo serán penalizadas, ya que su tasa de cobertura (protegidos sobre población) es menor.

En definitiva, la metodología financiera acaba indiciando el volumen de recursos a la senda de la demografía y su crecimiento a la evolución del PIB. Las cajas de ahorro necesitarán, para intervenir en su desarrollo, un aumento de población y un crecimiento sostenido.

Sin embargo, no existe evidencia empírica de que está sea una estrategia viable. De hecho, las cajas de ahorro atrasadas han mejorado sus indicadores de bienestar a costa de perder población, y no puede afirmarse que el crecimiento del PIB suponga una reducción de la divergencia territorial.

Los esfuerzos propios posibles son, también, limitados. El gasto autonómico que los PGE 95 esperan crecerá por debajo de las transferencias del Estado, lo que no sólo aumentará su dependencia de éstas, sino que indica cierta reducción presupuestaria, que penalizará los gastos de capital, a expensas del que pueda proceder de recursos comunitarios.

La indiciación al PIB de la financiación autonómica y esta contención presupuestaria, indica cierto pacto entre la Administración central, que garantiza el peso del gasto autonómico gestionado, y as cajas, que parecen dibujar una contribución a la contención de déficit público, renunciando a incrementar su intervención en el desarrollo.

En esta tesitura, parece necesaria una nueva generación de políticas financieras que incorporen el objetivo de equilibrio territorial que difícilmente puede satisfacerse desde la financiación autonómica. Esta política reclama un núcleo competencial para políticas horizontales gestionado por la Administración central, y en consecuencia, un acuerdo político para iniciativas de desarrollo.

En la situación descrita, la convergencia de rentas depende en primer lugar, de instrumentos que no están diseñados para ello: las prestaciones de la Seguridad Social y la inversión territorializada del Estado. El pacto político que sostiene estos Presupuestos no parece haber alterado la función redistribuidora de la inversión.

Si éstos eran los PGE en los que Pujol debía desplazar recursos a Cataluña parece haberlo hecho bastante mal. Quizá, como buen liberal, ha preferido renunciar a beneficios financieros a cambio de mejorar la tasa de beneficios de las empresas, reduciendo prestaciones, lo que, a la larga, penalizará, también, a Cataluña.

Defender el sistema de prestaciones y la inversión del sector público, dotándole de una Punción equilibradora que hoy no cumple de forma normativa, es imprescindible. Lo es, igualmente, aumentar la dotación de inversiones desde las cajas de forma compatible con niveles tolerables de déficit: en el actual contexto, sólo la suma de un mayor ahorro público y de mayores ingresos (por métodos de corresponsabilidad fiscal) puede facilitar recursos adicionales.

Esta política de medio plazo debe ir acompañada, al menos temporalmente, de una iniciativa de equilibrio en la prestación de servicios públicos. Debemos aceptar el criterio de que cuanto más baja es la renta menos se recurre al mercado para satisfacer necesidades; en consecuencia, la población beneficiaria, determinante en la financiación autonómica, debería corregirse en fondos de nivelación que redistribuyan estos recursos, una vez resueltos los desequilibiios existentes.

Sin iniciativas de esta naturaleza, el equilibrio territorial perníanecer atrapado entre la demografía y el PIB.

Juan B. Barga es miembro de la Presidencia Federal de IU. Fue responsable de política autonómica de esta formación hasta 1992.