Pistas

El juez Manuel García-Castellón decidió, el pasado 22 de diciembre, dejar en libertad al financiero James F. Sheehan, presidente de la agencia de valores y bolsa Invest Ibérica, que protagonizó uno de los escándalos bursátiles más sonados de 1994. Shechan, que permanecía en la Cárcel Modelo de Barcelona desde el 14 de septiembre, acusado de delitos de estafa, apropiacion indebida y falsedad en documento mercantil, salió de prisión en la madrugada del viernes 23. En la mañana de ese día, García-Castellón, redactó el auto de prisión incondicional sin fianza de Mario Conde tras un interrogatorio de algo más de cuatro días.El sumario del caso Invest Ibérica se inició y profundizó en Barcelona, domicilio de la sociedad. El titular del juzgado número 14, Andrés. Salcedo, fue tan escrupuloso con la investigación que cuando se confirmó que uno de los afectados era el Banco Exterior de España (Bex), con pérdidas potenciales de 4.500 millones, pidió inhibirse. ¿Qué pasaba? El juez tenía un crédito hipotecario en Argentaria y creyó que ello podía plantear alguna incompatibilidad ya que el Bex forma parte del citado grupo. La Audiencia de Barcelona le pidió, que siguiera -al frente del sumario.

Tanto el recurso de reforma del auto de prisión de Sheehan como el subsidiario de apelación no prosperaron. La Audiencia de Barcelona confirmó la prisión preventiva, con extensos razonamientos sobre la magnitud de las. repercusiones económicas de los presuntos delitos, la cantidad de afectados y las transferencias de dinero al exterior.

Al profundizar los hechos, el juez Salcedo entendió que la existencia de afectados en varias regiones planteaba el envío de la causa a la Audiencia Nacional. Después de esta decisión, se impuso a Sheehan una fianza de 7.000 millones por responsabilidades civiles. Para entonces los delitos de los que se le acusaba suponían unos 6.000 millones (1.000 más que los que García-Castellón le ha imputado a Arturo Romaní y 1.000 menos fue los atribuidos a Conde).

El 21 de diciembre, mientras estaba pendiente un pronunciamiento sobre las competencias, el abogado de Sheehan, Enrique Morera, elevó una petición de libertad ante García-Castellón. Éste, a la vista del informe favorable de la fiscal Olga Sánchez, redactó el auto de libertad. Lo que llama la atención es la fianza de sólo 10 millones establecida cuando se ha exigido 7.000 millones para responsabilidades civiles. La Audiencia sigue, de momento, sin pronunciarse sobre su competencia.

García-Castellón es un juez que no ha ocultado su animadversión contra la prisión preventiva como figura para ejecutar el mandato de la alarma social que en los últimos tiempos suele utilizarse en este país (casos Ibercorp, PSV, De la Rosa y Banesto). Por esta razón, su decisión de dictar prisión preventiva (y no una elevada fianza, por ejemplo, que hubiese sido, una posible alternativa) contra Arturo Romaní y Mario Conde fue interpretada como el resultado de una reflexión profunda sobre los hechos, cosa que muchos juristas han echado a faltar en los autos de prisión de uno y otro, redactados con cierta prisa.

Los autos son los que finalmente escriben la historia procesal. Así como las decisiones de libertad suelen ser me nos brillantes y más escuetas, las de prisión requieren un resumen coherente de los hechos y los matices más sobre salientes de la investigación. El auto de libertad y la módica fianza de Sheehan contrastan con la resolución adopta da en los casos de Romaní y Conde o bien el juez García Castellón ha dado una muestra de lo que piensa hacer con los querellados, del caso Banesto, en los próximos meses.