Salir del atolladero

EL DIÁLOGO de sordos entre el Gobierno y la oposición política sobre las implicaciones del caso GAL está servido. Quienes han puesto su punto de mira en la presa, que creen atrapada en este inquietante asunto, no pueden en modo alguno sentirse satisfechos hasta que no se apoderen de ella. De otro lado, es comprensible que la presa no quiera entregarse y se defienda como gato panza arriba. En este escenario de caza en que se desarrolla hoy la actividad política española ni siquiera el ministro Juan Alberto Belloch, un hombre de inequívoca trayectoria democrática y público defensor del Estado de derecho frente a actuaciones como las de los GAL, tiene difícil encontrar puntos de entendimiento entre los antagonistas.En un clima institucional y político menos crispado que el actual es posible que las explicaciones dadas ayer por el Ministro Belloch en el Congreso hubieran bastado para apaciguar el debate político. ¿Qué más podía pedirse al Gobierno en estas circunstancias que una condena explícita de la actuación de los GAL, su proclamación de no estar implicado en esa trama y la confirmación de su respeto por la independencia de los jueces en la averiguación de lo sucedido? Pero en el momento presente eso no basta. Afirmar como hace el Gobierno que no puede decir más de lo que dice respecto de un asunto que está en manos de los jueces es seguramente cierto, además de coherente con las reglas de funcionamiento del Estado de derecho. Sin embargo, a estas alturas no hay que extrañarse de que la oposición sospeche de que un tratamiento meramente judicial del caso sólo encubra la resistencia del Gobierno á asumir aquí y ahora sus responsabilidades.

Izquierda Unida (IU) niega por principio cualquier credibilidad a las explicaciones del Gobierno, al tiempo que el Partido Popular (PP) sólo está dispuesto a aceptar su palabra si "la hace verosímil". Mientras que la postura del Gobierno supone de hecho, poner la situación política bajo una especie de libertad vigilada a expensas de lo que aparezca o deje de, aparecer en la investigación judicial sobre los GAL. ¿Cómo salir todos, instituciones, sociedad y ciudadanos, de este embrollo?