El juez aprecia indicios de delito en la actuación del presidente José Marco

El juez encargado de la instrucción del caso del sillón en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha solicitado que se le aporten los antecedentes penales del presidente de la comunidad autónoma, José Marco (PSOE), y otras dos personas, ya que ha apreciado "indicios de delito" en las actuaciones del jefe del Ejecutivo, un empresario del sector del mueble, Adolfo Blanco, y José María Valero, el anterior arquitecto de la Diputación Provincial de Zaragoza, institución presidida por Marco cuando sucedieron los hechos.

El tipo delictivo apreciado se concreta en malversación de caudales públicos y falsificación de documento público y mercantil (las facturas correspondientes a la compra por cerca de 80.000 pesetas de un sillón que se en mascararon, presuntamente, en trabajos de reparación de otras sillas), al haberse instalado en el domicilio particular de Marco un sillón de despacho pagado por la Diputación.El juez estima una actuación presuntamente delictiva no sólo en el ahora presidente regional, sino también en el industrial que suministró el sillón y más tarde presentó la denuncia en el juzgado y el arquitecto que entonces era responsable de la conservación de la institución provincial. En noviembre pasado, el juez se trasladó hasta la sede de la presidencia del Gobierno para tomar declaración al jefe del Ejecutivo y recientemente lo hizo con su responsable de comunicación en la primera etapa de Gobierno que la difusión de la noticia fue objeto de una polémica, con el periódico conservador Abc y, según se hizo público entonces, hubo intercambio de amenazas sobre la retirada de la publicidad institucional.

La próxima semana, Marco debera comparecer de nuevo ante el juez, en este caso para prestar declaración sobre las acusaciones que realizó contra el prisidente regional del PP, Santiago Lanzuela, en el transcurso de un debate parlamentario en las Cortés aragonesas. Marco, imputó "alguna responsabilidad" al dirigente popular en su anterior etapa de responsable gubernamental de la cartera de Economía, sobre un presunto cobro de comisiones a empresas susceptibles de ayudas, hechos que se habrían realizado desde este departamento. El asunto de los pagos está siendo estudiado, por iniciativa de Izquierda Unida, en la Audiencia de Teruel, al estar ubicadas en esta provincia la mayor parte de las industrias supuestamente extorsionadas.

También existe otra causa abierta en el TSJA por el uso de los servicios de una agencia de detectives para el también presunto espionaje de varios políticos regionales y a una treintena de empresas aragonesas. La agencia habría sido contratada, primero por el PSOE y más tarde de manera irregular por el Gobierno socialista, según puso de relieve un reciente informe del Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo regional).