Partidos políticos y operadores critican el proyecto de ley de cable del Gobierno

Ya lo anunció el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, tras una reunión con el Consejo Asesor de Telecomunicaciones: el proyecto de ley de Cable va a resultar polémico porque hay intereses encontrados sobre todo en el área política -especialmente los poderes autonómicos-. La reacción no se ha hecho esperar tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros celebrado la semana pasada.

El texto que examinó el Ejecutivo todavía no ha sido enviado al Parlamento para su tramitación. No entrará, por tanto en el Congreso de los Diputados antes del mes de enero. Mientras tanto podría recibir todavia algunos retoques.

Los principales partidos mantienen sus posiciones respecto al cable prácticamente invariables en relación con sus posturas anteriores. Convergencia Demácratica de Catalunya ha manifestado que el proyecto gubernamental, que otorga entre otras cosas a la Administración Central el poder de dar las licencias "deberá registrar cambios sustanciales" para que reciba el apoyo de este partido.

Competencias

Esta formación política estima, en palabras de su portavoz, Pere Esteve, que deben asignarse muchas más competencias a las comunidades autónomas frente a los poderes que se reserva el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como gran autoridad concesional. Por otra parte se mantiene el proyecto de ley de cable y de televisión local que presentó el Parlamento catalán a instancias del partido que gobierna en esa comunidad.El Partido Popular, que tiene preparado también su propio proyecto de ley de cable, ha sido más explícito. La diputada Ana Mato, portavoz del PP en la comisión de control parlamentario de Radiotelevisión Española, manifestó su oposición al proyecto del Gobierno, entre otras razones, porque sigue manteniendo el concepto de servicio público de titularidad estatal.

Cuando han hablado de servicios de televisión y telecomunicaciones los representantes del PP han sostenido y sostienen, que se trata más bien de un servicio de interés público y no de un servicio público cuya titularidad la ostenta el Estado. Desde esta premisa el PP tilda también al proyecto del Gobierno de propiciar un excesivo intervencionismo de la Administración. El PP plantea la creación de una Alta Autoridad Audiovisual, como también lo propone Izquierda Unida aunque con unas competencias algo diferentes. Felipe Alcaraz, portavoz de Izquierda Unida, ha anunciado que su formación política presentará una enmienda a la totalidad al proyecto del Gobierno y que además, mantendrá el texto alternativo presentado en el Congreso la semana pasada. Las críticas de IU se centran además en los privilegios que obtiene. Telefónica en el texto del Gobierno ya que la compañía podrá operar en todas las demarcaciones. Por otra parte pide un mayor protagonismo de los ayuntamientos.

Hay otro frente abierto: el de los operadores que desde hace años explotan algunas de las redes de cable alegales pero amparadas por el Tribunal Constitucional en tanto no haya legislación.

Luis Barca, presidente de la Asociación Española de Servicios de Distribución por Cable (AESDICA), la asociación que agrupa a la mayor parte del sector, ha reconocido en el proyecto algunos hechos positivos como que se reconozcan los derechos de las redes existentes, pero ha planteado reservas sobre lo que denomina ambigüedades (reservas del 40% para programadores independientes, obligación de difundir las cadenas privadas y las demarcaciones territoriales.