El PSOE da un vuelco en su postura y acepta que Belloch hable hoy mismo de los GAL en el Congreso

No se esperará a enero. El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, comparecerá hoy a las diez de la mañana ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para explicar la posición del Gobierno ante la peripecia de los GAL. En 24 horas, las musas socialistas pasaron del nunca al hoy mismo, "y a la hora más temprana posible". Eso que aún ayer por la mañana el portavoz del Grupo Socialísta en el Congreso, Joaquín Almunia, seguía defendiendo en la radio el silencio del Gobierno. Tres, horas después, la diputada de su grupo Carmen del Campo se unía a la opinión unánime de los restantes grupos parlamentarios para que el ministro Belloch hable del caso GAL en el Congreso.

El brochazo final en el cuadro de desconcierto que dibujan los socialistas en este asunto lo puso su portavoz en la Comisión de Justicia e Interior, el independiente Ventura Pérez Mariño. Sentado en su escaño y en silencio, el ex magistrado fichado por el PSOE junto a Baltasar Garzón en la elecciones de 1993, escuchó cómo su compañera Del Campo pechaba con la tarea de rectificar la postura mantenida hasta unas horas antes. Pérez Mariño justificó su enmudecimiento temporal como portavoz "por no compartir los criterios" de su grupo al explicar el cambio de posición.El cuadro parlamentario se enmarcó con grandes palabras, con graves palabras, de la oposición: "Terrorismo de Estado" y crimen de, Estado", que resonaron como trallazos en la amplia sala de columnas del nuevo edificio del Congreso, abarrotada dediputados y de informadores.La portavoz ocasional del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia explicó entre murmullos de sorna y de protesta que habían cambiado de opinión, entre el miércoles y el jueves, tras haber escuchado las razones de los grupos que no tenían representante en la mesa de la comisión, donde los socialistas se habían opuesto a la comparecencia del Gobierno por haberse publicado en los periódicos de ayer las declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, una vez levantado el secreto del sumario en todo lo actuado hasta el día 23.

Belloch dirá poco

Del Campo dejó claro que para los socialistas, la presencia del ministro en el Congreso será "de muy escasa utilidad para esclarecer los hechos", y que sólo servirá para que el Ejecutivo "reafirme los compromisos" de mantenerse en la legalidad en la lucha terrorista. Los datos que pueda aportar Belloch serán, según la portavoz del PSOE, de muy escasa entidad porque el sumario abierto por el juez Garzón sobre el secuestro de Segundo Marey sigue siendo secreto parcialmente, y porque "el Gobierno no es parte en el sumario y no tiene la información necesaria".

El Grupo Socialista se vio sometido a un auténtico cerco dialéctico que comenzó a dibujar el portavoz de IU-IC, Antonio Romero, al exponer las tablas de la ley del caso GAL con 10 razones que para su grupo hacen imprescindible la presencia urgente del Gobierno ante la Cámara. El encarcelamiento del ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal y de otros dos altos responsables policiales es para Romero argumento incontestable a la hora de exigir al Ejecutivo una explicación pública. El diputado de IU desgranó luego consideraciones éticas al recordar que la fortaleza de los demócratas radica en que no todo vale" y que "Ia vida humana tiene el mismo valor", cualquiera que sea el bando al que se pertenezca.En nombre del PP, Federico Trillo argumentó que "resulta difícil justificar lo evidente". Trillo se apoyó en las informaciones conocidas en los últimos días, según las cuales "desde el Gobierno y desde el Ministerio del Interior se ha organizado, financiado, dirigido y ocultado a una banda criminal a la que se le imputan más de 20 asesinatos". El portavoz del PP adoptó un tono especialmente severo al decir que se maneja 9a acusación más grave que se puede hacer a un Gobierno, la de crimen de Estado".

Después hizo una finta histórico-dialéctica para referirse al asesinato de Juan Escobedo, del que se quiso exculpar a Felipe II, y la evidente resonancia con el nombre propio del presidente del Gobierno la conectó con la diferencia entre el Estado absoluto y el Estado democrático.

Xabier Albistur, en nombre del Grupo Mixto, apoyó la presencia del Gobierno y dijo que, incluso debieran comparecer "algún ex ministro de Interior y algún ex, vicepresidente del Gobierno", en referencia clara a José Blarrionuevo y a Alfonso Guerra.

Lorenzo Olarte, de Coalición Canaría, se extendió en explicar el desasosiego social que el caso GAL está produciendo, y criticó, al igual que IU y PP, que el presidente del Gobierno hubiera hecho coincidir su conferencia de prensa con la reunión de la comisión en el Congreso.

Emilio Olabarría, del PNV, buscó el auxilio de Alexis de Tocqueville para clamar, con sus mismas palabras: "¡Pobre país donde se tenga que discutir lo obvio", porque, según dijo, la obviedad nos escupe cada mañana" y exige las explicaciones del Gobierno en el Congreso ante lo que calificó de evidentes "implicaciones gubernativas en crímenes de Estado". Ramón Camp, por CiU, quiere que el Gobierno comparezca para que "ratifique la confianza que hemos mantenido en, que la lucha contra el terrorismo no ha vulnerado el Estado de derecho" y para "renovar" la confianza de la ciudadanía en el Gobierno.