Granados no ve indicios de delito en la financiación el PCE por la URSS

La Fiscalía General del Estado no ha encontrado indicios delictivos en la supuesta entrega de más de cuatro millones de dólares a partidos comunistas españoles por el extinto Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), entre los años 1971 y 1990, según dijo ayer en el Congreso de los Diputados Carlos Granados. El representante de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, aseguró que "el PCE no ha recibido ni una peseta ni un dólar del PCUS desde la transición".

Granados explicó ante la Comisión sobre de Financiación de Partidos Políticos que el 23 de febrero de 1993 su antecesor al frente de la fiscalía, Eligio Hernández, recibió por vía diplomática una solicitud de asistencia jurídica de la Fiscalía de la Federación Rusa, que investigaba la sustracción por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética "de recursos de divisas pertenecientes al Estado [soviético] y su desplazamiento al extranjero, donde se entregaban a los líderes de partidos que seguían la misma ideología".

"Según los datos de la instrucción", agregaba el documento, "entre los años 1971 y 1990 inclusive se llevó a España en efectivo 3.902.911 dólares norteamericanos, 285.896 francos suizos y 1.347.606 pesetas españolas, de los que más de 1,3 millones de dólares eran para el PCE, más de 2,5 millones de dólares para el PCPE, [escisión prosoviética del PCE], cerca de 0,5 millones de dólares para el Partido de los Comunistas de Cataluña", de la misma ideología que el anterior.

Recibos

El documento de la fiscalía rusa incluye recibos de los beneficiarios del dinero. Por parte del Partido Comunista de España hay recibos supuestamente firmados por su secretario general, Julio Anguita, por valor de 650.000 dólares, entre julio de 1988 y marzo de 1990; Gerardo Iglesias, que le precedió en el puesto, por 100.000 dólares, en enero de 1988; y Víctor Cueto, responsable de finanzas, 100.000 dólares, en enero de 1987.Por parte del PCPE y el PCC, Ignacio Gallego, habría recibido 260.000 dólares entre agosto de 1984 y diciembre de 1985; Román Serradell, 1.100.000 dólares de octubre de 1982 a abril de 1988; y Justiniano Martínez, 50.000 dólares en agosto de 1985. A nombre de Fidel Alonso, de Comisiones Obreras, figuran 150.000 dólares en 1983.

La fiscalía, según explicó en el Congreso Carlos Granados, se ha limitado a dirigirse a los afectados para preguntarles si recibieron ayuda económica del PCUS. Sólo Serradell contestó, negando los hechos. Los demás, no fueron localizados. No obstante, el 14 de noviembre, el fiscal del Estado remitió un escrito a su colega ruso para saber si sigue interesado en la ayuda judicial y reclamando más información sobre las diligencias.

Según el fiscal general del Estado, al tratarse de fotocopias que no se pueden verificar y de conductas de difícil tipificación delictiva, no ha encontrado "los elementos mínimos para abrir diligencias informativas penales en España".