"Cada pleito cuesta al Estado sólo 150 pesetas"

José Luis Fuertes Suárez, zaragozano de 42 años, es el nuevo presidente de la Asociación de Abogados del Estado, colectivo que agrupa a unos 500 letrados en toda España, de los que ejercen unos 300, la mitad de ellos en Madrid. Fuertes lleva 18 años en la carrera, tras ser preparado para la difícil oposición, en 1975, por Mario Conde -"un preparador muy bueno, por cierto", dice sonriente-, mucho antes de que este abogado del Estado accediera a la presidencia de Banesto.Desde su puesto actual de jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal Constitucional, Fuertes contesta a las críticas que recibe este cuerpo jurídico de élite, cuyos miembros perciben una remuneración media de 400.000 pesetas netas al mes: "Estamos mal pagados", dice, "y ésa es la razón de que aproximadamente la mitad se pase al sector privado".

Pregunta. Pero tampoco el Estado, que somos todos, se siente muy bien defendido por ustedes, a pesar de su prestigio.

Respuesta. El porcentaje de asuntos ganados es de un 80% sobre unos 95.000 pleitos anuales. Según un cálculo realizado, cada proceso le sale a la Administración pública por unas 150 pesetas, y eso sin contar los 60.000 asuntos consultivos.

P. ¿No se ponen la toga con más entusiasmo cuando cobran de un particular?

R. Es cierto que el sistema generalizado de compatibilidad favorecía ciertas corruptelas, pero desde 1986 la dedicación de los abogados del Estado es exclusiva, excepto un 10% que tiene la compatibilidad.

P. En los juicios, el abogado del Estado es muchas veces un convidado de piedra. Se les suele acusar de pasividad.

R. Yo creo justamente lo contrario. Esa imagen que usted describe tiene visos de exactitud, pero corresponde a etapas ya superadas.

P. ¿Qué papel juegan ustedes contra la corrupción?

R. Muy activo también, y más desde que se ha creado una unidad especial operativa en materia de fraude y corrupción, que nosotros denominamos Brigada antivicio. Nos personamos en todos los procedimientos en los que puede estar perjudicado el Estado o existen indicios de delito fiscal. Por ejemplo, estamos personados en asuntos como el caso Filesa, el caso Juan Guerra...

P. Se les acusa de contribuir al colapso de la justicia, pleiteando por rutina aun en materias en las que hay jurisprudencia consolidada en contra.

R. Nos ocurre como al resto de los albogados. Pero desde la etapa de Tomás de la Quadra-Salcedo en el Ministerio de Justicia, se nos ha liberado de la obligación de recurrir cuando la jurisprudencia adversa es firme. Ahora bien, si existe resquicio para recurrir, recurrimos y actuamos con plena autonomía profesional.

P. ¿Cuál es la aspiración de los abogados del Estado?

R. Queremos que nuestra función tenga una relevancia mayor, que nuestro cliente reconozca más nuestro trabajo, que utilice más nuestros servicios. Mucho de lo que ha ocurrido en materia de corrupción ha sido por falta de la intervención y el asesoramiento de la abogacía del Estado.

P. ¿No tienen ninguna reclamación corporativa?

R. Reivindicamos la jubilación a los 70 años. Somos el único colectivo de Justicia descolgado, frente a jueces, fiscales, secretarios judiciales e incluso registradores y notarios. Todos ellos, han conseguido elevar la edad de jubilación forzosa de 65 a 70 años.

P. ¿Es muy duro en eso el Ministerio de Justicia?

R. No, el ministerio nos apoya. La dificultad está en que detrás de nosotros vienen los diplomáticos, inspectores de Hacienda y de Trabajo y demás profesiones integradas con nosotros en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (Fedeca). Apoyamos la reclamación de Fedeca, pero nuestro caso clama al cielo.