El Gobierno no puede seguir callado

DíA Y medio después de que un juez ordenase la detención del ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, acusado de delitos que remiten a una supuesta trama de terrorismo de Estado, el Gobierno no ha dicho una sola palabra que pueda disipar la inquietud y el desánimo que se han apoderado de muchos ciudadanos. Es verdad que, empezando por el paro y la inseguridad en el empleo, las preocupaciones de la gente no se reducen a lo que ocurre estos días en la Audiencia Nacional. También lo es que las acusaciones por las que ha sido detenido Sancristóbal se remiten a hechos ocurridos hace más de una década. Pero, en un ambiente ya muy crispado, será difícil abordar esos problemas que preocupan a los ciudadanos mientras la sospecha de hechos gravísimos siga pendiendo sobre dirigentes políticos en activo. Se alega que alguien ha podido tener un interés personal o político al reactivar ahora el asunto de los GAL. Es posible que así haya sido, y los ciudadanos deben saberlo, pero ello no cambia las cosas: el asunto de los GAL no ha sido desenterrado porque nunca llegó a estar enterrado.Y no lo estuvo porque nadie, desde el poder, reconoció nunca que lo de los GAL fue un tremendo error político, además de una chapuza criminal. Ni siquiera hubo ceses públicamente conocidos o dimisiones que hubieran podido ser interpretados por la opinión pública como un reconocimiento implícito de culpabilidad y compromiso de no reincidencia. Al revés: todavía ayer, el ex ministro Barrionuevo reclamaba la solidaridad de los "amigos y simpatizantes". ¿Simpatizantes de qué o de quién? ¿Acaso de la eficacia de los GAL para limpiar la frontera de terroristas, según afirmaba ayer un sindicato policial?

Es cierto que la actitud de las autoridades francesas cambió a raíz de los atentados reivindicados por los GAL. Pero ese cambio se habría producido de todos modos, porque la beligerancia contra los grupos terroristas emboscados en su territorio formaba parte esencial del programa de la coalición de centro-derecha que venció en las elecciones de 1986, y que más tarde asumirían los demás partidos. Pero, a cambio, la existencia de los GAL proporcionó a ETA la bandera que venía buscando para acreditar su teoría de las dos violencias simétricas, discurso en el que, ha fundamentado la prolongación de la lucha armada mediante toda una nueva generación de activistas con sus correspondientes seguidores civiles. Nunca estuvo ETA tan cerca de triunfar como en esos años de los GAL. La deslegitimación del Estado democrático que venía buscando mediante la provocación de los militares -en la esperanza de producir un golpe involuciónista- estuvo a punto de conseguirla en esos meses y años en los que los GAL y ETA rivalizaban en el mismo terreno. Incluido el de los llamados "errores". Hasta nueve ciudadanos franceses ajenos a la organización terrorista figuran entre las víctimas de los pistoleros de los GAL.

A fines de los setenta y comienzos de los ochenta eran numerosos los políticos de todas las ideologías -incluyendo el nacionalismo vasco y lo que luego se llamaría Partido Popular- que insinuaban, cuando no lo proclamaban, abiertamente, que la única manera de acabar con ETA era "hacer lo que hizo De Gaulle con los de la OAS". Pero lo único que puede alegarse desde el Gobierno es justamente que los GAL desaparecieron, mientras que ETA ha seguido matando. Exactamente, a 214 personas desde comienzos de 1987, año en que se cometió el último atentado atribuido a los GAL. Ésa es la única autocrítica de la que se tiene constancia por parte del Gobierno de Felipe González en relación a este asunto.