España exige poner fin a nueve años de discriminaciones en la Política Pesquera Común

España planteará una dura batalla en el Consejo de Ministros de Pesca que hoy se inicia en Bruselas, para poner fin a los nueve años de discriminaciones de que ha sido objeto la flota nacional en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) desde su ingreso en la Comunidad Europea (CE) en 1986. Tras el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado la pasada semana, fuentes de la Administración española consideran que va a ser difícil un acuerdo, a la vez que muestran su decisión de "no levantarse de la mesa mientras no se logre una salida satisfactoria".

Los ministros de pesca de la Unión Europea (UE) se comprometieron en su reunión del pasado 12 de abril a lograr un acuerdo, antes del 31 de diciembre de este año, para la integración plena de la pesca española en la PPC a partir del uno de enero de 1996. Si antes de esa fecha no se alcanza un compromiso, España bloqueará la ampliación de la UE a 15 miembros el próximo 1 de enero, según acordó el Parlamento el pasado octubre.La flota española, con cerca de 20.000 unidades y casi 600.000 Toneladas de Registro Bruto, es la primera en importancia en toda la UE. Su potencia y su capacidad para adaptarse a los diferentes caladeros hizo que, en el momento del ingreso de España en la entonces CE, se impusieran a la misma unas duras condiciones para el acceso a los caladeros comunitarios y un periodo transitorio hasta, el año 2002.

Entre otras cuestiones, la flota española ha tenido prohibido en este periodo el acceso al llamado box irlandés, un caladero rico en pesca; España fue obligada a tener solamente una flota para las aguas comunitarias de 300 barcos frente a los casi 400 que operaban anteriormente. En la actualidad, apenas superan los 200. Es lo que se llama lista de base. El resto de las flotas no tienen limitaciones en el número de barcos.

La flota pesquera española que opera en las aguas comunitarias ha faenado en función de lo que se ha conocido como lista periódica. Al contar con 150 licencias, solamente pueden estar pescando a la vez 150 barcos. La Administración española se ha, visto obligada desde 1986 a comunicar a las autoridades comunitarias una lista periódica de los barcos que faenan en cada periodo, así como los días de permanencia en los caladeros. España pesca 12 de las 21 especies que se capturan en los caladeros comunitarios, aunque ello no. se considera una discriminación. Además, los barcos españoles han estado sometidos a dobles controles y sanciones.

Durante los últimos años, las autoridades pesqueras españolas han luchado para tratar de mejorar sin éxito esa situación de partida impuesta por los países del norte de la UE. España, con el fin de lograr una mayor eficacia en su flota, inicio la aplicación de un programa de ajuste y redujo el número de barcos desde 300 hasta poco más de 200 que operan en la actualidad.

Desde abril, la Comisión. se comprometió a eliminar las listas de base y las listas periódicas, y a facilitar el acceso, a todos los caladeros como una flota más pero manteniendo sus actuales niveles de capturas, lo que se conoce como principio de estabilidad relativa. Este proceso se podía hacer de dos formas. La primera, eliminando las restricciones a la flota española y equiparando sus posibilidades, obligaciones y exigencias al resto de las flotas. La segunda, la que se ha elegido, es la elaboración de un nuevo reglamento sobre esfuerzo pesquero que afecte por igual, con nuevas exigencias, a todos los países. Este reglamento se ha convertido en el eje para la reforma de la PPC y para la plena integración de España. Países del norte de la UE, como el Reino Unido, son algunos de los que plantean mayor oposición, mientras también se mantienen retincencias desde Portugal por temor a una invasión de sus zonas de pesca por parte de la flota española.