La venda socialista para Ibercoop

El 25 de febrero de 1994, Ramón Espinar, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y Eduardo Albarracín, interventor general, publicaron juntos un artículo en el diario EL PAÍS, titulado Ley de Subvenciones.Ambos, personas en puestos claves para el control de la gestión del gasto público en la Comunidad, exponían los principios y fines de la ley, propuesta entonces por el Gobierno socialista.

Se trataba de "mejorar el control interno de la Administración que concede las subvenciones, desde el punto de vista legal, de eficacia y medición del cumplimiento de objetivos".

Terminaban diciendo que la elaboración de la ley había costado año y medio de trabajo y constante colaboración de funcionarios y cargos públicos, y, "con estas medidas y no con palabras, el Gobierno regional se sitúa a la vanguardia de las administraciones públicas del Estado, con el objetivo de que más de 80.000 millones de pesetas tengan un uso y una gestión absolutamente transparente".

En aquel entonces, el artículo me llamó la atención. Resultaba llamativo el contraste entre el contenido poco técnico, escasamente riguroso, politizado y triunfalista, y los puestos que ocupaban ambos firmantes.

Hoy, ocho meses después, con el caso Ibercoop sobre la mesa, las informaciones y noticias han venido a revelar la clara intención del artículo. Pretendía cubrir con una ambiciosa declaración de intenciones (a las propuestas del proyecto de ley las llaman "medidas y no palabras") las insuficiencias y carencias en la aplicación de los instrumentos de control de las subvenciones, de los que ellos resultan ser los máximos responsables.

Parece necesario decir a estos cualificados miembros del actual Gobierno regional lo que seguramente saben. No hace falta una ley para el control del gasto en subvenciones y ayudas. Existen suficientes instrumentos formales. El buen funcionamiento y la eficacia en el control dependen en gran parte de la voluntad de los responsables.

No podemos dudar de que la Administración autonómica dispone de los elementos básicos para Cumplir con la gestión de los diferentes programas de ayudas a empresas.

-Por una parte, capacidad de definir, establecer e instrumentar los órganos gestores internos para tramitar y aprobar las solicitudes de subvenciones, analizando la documentación ex¡g¡da con objetividad y rigor.

- Por otra parte, los órganos interventores y de control tienen que actuar a posterior¡ para verificar la aplicación de los recursos públicos a los fines privados propuestos. Así, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por sí misma o contando con apoyo externo, tiene que cumplir la función de fiscalización que le es propia.

A la vista del artículo en cuestión y del caso Ibercoop, parece que ha existido, al menos, trato de favor para un grupo de entidades y sociedades y un daño patrimonial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid: decisiones administrativas que vulneran la norma por la que se deben regir, probada relación societaria del director general de Empleo con los responsables de la trama de empresas del caso Ibercoop y un cúmulo de irregularidades que revelan un alto grado de descontrol interno.

El problema está centrado en varias de las personas que ocupan puestos de alto nivel por razones políticas y de amistad, y cuya profesionalidad al servicio de la Administración pública regional cabe poner en duda.

En resumen, si se llegan a poner de manifiesto con claridad en la comisión de investigación abierta por la Asamblea regional conclusiones que demuestren las irregularidades denunciadas por el Grupo Popular, no puede escudarse el Gobierno socialista de la Comunidad de Madrid en ser "vanguardia de las administraciones públicas para el control de las subvenciones concedidas"; más bien debería dar la cara y depurar las responsabilidades políticas y, en su caso, jurídicas que se deriven de este caso.

Conviene resaltar que en la fecha de publicación del artículo mencionado, febrero de 1994, el interventor -recuérdese que es autor y firmante del citado artículo- había elaborado una auditoría sobre la concesión de subvenciones por la Dirección General de Empleo de la Consejería de Economía, en la que se recogen gravísimas irregularidades: tramas de empresas que obtienen subvenciones y realizan trabajos cuyos importes cobran pero cuyos ingresos contables en cada una de ellas no se registran, personas con relaciones intersocietarias, socios comunes situados en diferentes ámbitos de las actuaciones de la trama y un largo etcétera.

Cabe preguntarse quién conocía desde esa fecha esta gravísima situación. Cuanto menos parece que el avezado consejero de Hacienda ha querido, con la presentación de la ley y el artículo publicado en febrero de 1994, ponerse la venda antes de que le saliera la herida.

La herida del caso Ibercoop, que el PP no va a permitir que se cierre en falso.