CiU reclama en el Senado derecho de veto y el PNV pide autodeterminación

Los nacionalistas catalanes y vascos exigirán el reconocimiento de la diferencia entre nacionalidades -Cataluña, Euskadi y Galicia- y regiones -las demás comunidades autónomas- en la reforma del Senado. La clave política de la reforma constitucional en ciernes del Senado va a estar en la capacidad de integración de CiU y PNV. La primera sesión de la ponencia, celebrada ayer, lo puso de relieve con las palabras de su presidente, Juan José Laborda, y las de los ponentes nacionalistas catalán, Joaquim Ferrer, y vasco, Ricardo Sanz.

Los 13 ponentes acordaron un calendario de consultas para enero y febrero. El primer grupo convocado por la ponencia será el de los padres de la Constitución de 1978. La fecha se estableció ayer, el 25 de enero.Los nacionalistas catalanes tienen muy claro en qué debe traducirse esa diferencia entre nacionalidades y regiones. Joaquim Ferrer la concreta en la posibilidad de veto de las leyes que afectan a las nacionalidades así como en la capacidad de propuesta específica en materia cultural y lingüística. Tan claro lo tienen que son partidarios de entrar sin más preámbulos a abordar estas cuestiones en la ponencia en contraste con la actitud de la mayoría, PSOE y PP, favorable a un calendario escalonado en el que se comience por un periodo de consultas, continúe con el desbrozamiento de funciones del nuevo Senado y se cierre con el establecimiento de la fórmula de composición y elección de los senadores.

La posición de los nacionalistas vascos es más ambiciosa que la de los catalanes. Ricardo Sanz, del PNV, partido que no tomó parte en la ponencia constitucional de 1978, pretende aprovechar la reforma de la Carta Magna para introducir el derecho a la autodeterminación, el concepto de soberanía y el reconocimiento de los derechos históricos en estado puro, incluido el pase foral. Sanz ha planteado en sucesivas declaraciones la reforma del artículo 2 de la Constitución así como del título VIII, de las autonomías.

Pero el grueso de la primera sesión de la ponencia, celebrada ayer, se centró en su metodología dé trabajo y en el, establecimiento del calendario. Los ponentes han habilitado el mes de enero para iniciar su actividad. Los días 25 y 26 comparecerán en la ponencia los siete padres de la Constitución: Miguel Herrero, Pedro Pérez-LLorca, Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miquel Roca, Gregorio Peces-Barba y Jordi Solé Tura. Previamente, el día 11, los ponentes cerrarán el calendario de comparecencias.

Calendario de convocatorias

En la sesión de ayer, los ponentes acordaron la convocatoria de expertos, de los 17 presidentes de comunidades autónomas, del único ex-presidente del Tribunal Constitucional vivo, Francisco Tomás y Valiente, como de los dos ex-presidentes del Gobierno, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Quedó sobre la mesa la posibilidad de que comparezca también el actual presidente del Gobierno, Felipe González, así como de otros miembros del Gobierno, propuesta por los socialistas, y se desechó la del actual presidente del Tribunal Constitucional Manuel Rodríguez Piñeiro para salvaguardar su independencia.

Los ponentes concedieron especial importancia a las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que ha actuado como árbitro en los conflictos entre la Administración central y las comunidades autónomas de "forma intensiva" ante la carencia de un Parlamento en el que las autonomías pudieran debatir sus problemas.

En cuanto a los expertos, los ponentes se inclinaron ayer por seleccionar un grupo reducido, de unos 8 o 10, y dar juego a todos los que estén dispuestos a ofrecer aportaciones, a través de encuentros o jornadas organizadas. La selección tendrá en cuenta las escuelas o tendencias y tratará de buscar un equilibrio entre ellas, afirman los ponentes. Estos asuntos los cerrará la ponencia en la próxima sesión que celebrará el 11 de enero.

Los ponentes acordaron un método de trabajo en tres fases. En la primera en la que se incluyen las comparecencias; pretenden elaborar un inventario para detectar los problemas a resolver con la reforma, como el establecimiento de mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas y la creación de un ámbito parlamentario para debatir los problemas de las autonomías, limitados hasta ahora a las relaciones entre la Administración central y las autonómicas.

En una segunda fase, los ponentes establecerán las funciones del Senado, y en la última, la composición de la nueva Cámara alta y la forma de elegirla.

Ayer, el ponente socialista Bernardo Bayona y el popular José Miguel. Ortí Bordás pusieron de relieve, al final de las dos horas de reunión, el alto grado de acuerdo alcanzado en la metodología a seguir y en el establecimiento del calendario de la ponencia.