Pacto con prórroga

FRENTE AL escenario de la catarsis, el de la estabilidad: tal parece haber sido la respuesta de Pujol y González a las presiones de la oposición política y mediática, según la cual sólo unas elecciones anticipadas amortiguarían la actual crispación política permitiendo abordar los problemas pendientes. La comparecencia conjunta de ambos socios tras la entrevista que mantuvieron el lunes puede interpretarse como el contrapunto a la confluencia de intereses entre Aznar y Anguita y como un desmentido a la hipótesis de una ruptura próxima del pacto que sostiene al actual Gobierno. La decisión de prolongar el compromiso excluye, salvo acontecimientos imprevistos, una convocatoria adelantada de elecciones antes del primer trimestre de 1996. Esta prolongación del pacto parece ser la consecuencia de la prioridad otorgada a las cuestiones económicas, en las que el grado de sintonía es mayor, respecto a otras de más difícil acuerdo, como la eventual supresión de los gobernadores o la nueva ley del aborto.La hipótesis de la ruptura fue el resultado de la combinación entre la presión de la oposición conservadora sobre CiU y las dudas surgidas, por efecto de esa presión, en la propia coalición nacionalista que lidera Pujol. El hecho de que el pacto no contemple un plazo temporal es la principal debilidad del mismo. Sin embargo, de los antecedentes parece deducirse que son los presupuestos anuales los que marcan su plazo de validez. La entrevista del lunes tendría por objeto, entonces, lanzar el mensaje -a inversores y agentes económicos en general- de que la gobernabilidad está garantizada al menos hasta comienzos de 1996, después del semestre de presidencia española de la Unión Europea. Pujol ha tenido seguramente en cuenta las posibilidades de proyección internacional, suya y de Cataluña, que puede razonablemente esperar de ese semestre: organización en Barcelona de la Conferencia de Seguridad en el Mediterráneo, participación en el Comité de Regiones de la UE, etcétera.

De las declaraciones de Pujol parece deducirse que la prioridad otorgada a asuntos relacionados con la reactivación económica relativiza los desacuerdos sobre cuestiones como la supresión de los gobernadores u otras relacionadas con el llamado impulso autonómico, aunque sin renunciar a plantearlas en otro momento. Se trata de una actitud coherente por parte de Pujol. El balance del año y medio de pacto indica que ha sido sobre todo en el terreno de la economía donde CiU ha conseguido trasladar más elementos de su programa a la práctica de gobierno. Cuestiones como la del aborto, precisamente por plantearse: en el terreno de la conciencia, admiten fórmulas de libertad de voto de los diputados que no obliguen a nadie a romper sus compromisos electorales.

Se trata, en resumen, de eliminar hasta donde sea posible las incertidumbres políticas que podrían entrabar el vacilante despegue de la economía, cuya debilidad describió ayer mismo el ministro Solbes en términos inquietantes. Por eso, sería deseable que el acuerdo genérico escenificado en La Moncloa se traduzca a corto plazo en reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía española; y que esas reformas puedan ser discutidas abiertamente en el Parlamento. Es la única forma de superar la permanente sospecha de chalaneo político que pesa sobre el pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes.