El Tribunal Supremo condena por primera vez a un ahogado de HB por mediar en un secuestro

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de ocho años y un día al abogado de Herri Batasuna José Antonio de la Hoz Uranga, por haber actuado como interlocutor de ETA en el secuestro del industrial Andrés Gutiérrez Blanco. De la Hoz Uranga, ex jugador de al Real Sociedad y abogado con despacho abierto en San Sebastián, es el primer condenado en firme como mediador de ETA en un secuestro, después de que el suprerno absolviera el pasado mes de junio al también abogado de Herri Batasuna Álvaro Reizábal.La sentencia establece la diferencia entre uno y otro caso, y distingue los supuestos en los que el mediador pertenezca al entorno del extorsionado o de 'los secuestradores. En el primer supuesto, la conducta del mediador queda fuera del ámbito de la colaboración con banda armada. Así, en el caso de la mediación llevada a cabo por Reizábal, el contacto con éste fue a iniciativa del extorsionado, que "tuvo que insistir repetidamente para que aceptara solucionar el asunto".

Pero según el Supremo, no es éste el caso: "De la Hoz no fue un intermediario elegido por la parte extorsionada, sino que lo fue por la otra parte". Así, su argumento "carece de fundamento para desvirtuar la inculpación".

El Tribunal Supremo también ha convalidado las conversaciones telefónicas intervenidas a De la Hoz Uranga con el mediador de la familia Gutiérrez Blanco, cuya nulidad pidió al defensa del acusado. Según el alto tribunal, no se ha advertido infracción constitucional ni posible indefensión para el procesado, y además la Audiencia Nacional dipuso de otros medios de prueba para juzgar el caso.

Respecto al argumento de la defensa de que De la Hoz actuó en el ejercicio de las facultades propias de su profesión de abogado, el Supremo rechaza esa tesis su intervención "no fue otra que la de interlocutor de los secuestradores cerca del interlocutor de la familia del secuestrado". Andrés Gutiérrez Blanco permaneció secuestrado desde el 19 de mayo hasta el 3 de julio de 1987 y fue liberado tras el pago de 190 millones de pesetas.