Los Presupuestos y la política

Elaborados en la fase inicial de una etapa de expansión del ciclo económico es, sin lugar a dudas, interesante que nos acerquemos a la política económica que hay dentro de los presupuestos del Estado para 1995. Es esta tarea particularmente atractiva puesto que la política presupuestaria es una de las partes de la política económica que ha venido adquiriendo un destacado papel en los Estados industrializados. Su formulación, por otra parte, es compleja, puesto que la valoración que alcanza dependerá de su capacidad para satisfacer simultáneamente múltiples objetivos. Al hacerlo, cualquier presupuesto explícita un vector de preferencias en cuya definición se efectúa una toma de posición respecto a los contenidos de la política. Por lo que detrás de los diferentes diseños de política presupuestaria se encuentran siempre planteamientos políticos opuestos.Los objetivos para el próximo año consisten en recuperar el crecimiento económico, situándolo alrededor del 3%, a la vez que se reduce el tamaño de los desequilibrios en las variables básicas de las que depende el buen funcionamiento de la economía. Un crecimiento estable es condición necesaria para que se avance en la prosperidad colectiva. Su acentuación en 1995 se llevará a cabo a través de componentes distintos a los de años anteriores, ya que la demanda interna volverá a convertirse en el motor que impulse el proceso de recuperación, tomando para ello el relevo del sector exterior. El escenario previsto lleva a cabo una prudente combinación entre consumo e inversión. El primero crecerá de manera moderada, efectuándose su elevación más por incrementos netos del empleo que por ganancias reales de capacidad adquisitiva de los ocupados o de quienes han abandonado el mercado de trabajo.

Más destacados son los elementos de apoyo que se realizan en favor de la inversión, ya que el crecimiento de esta variable será el 5,3%, superior al previsto para el consumo privado. Desde esta pulsación, la inversión actuará como factor de consolidación y mantenimiento de un proceso -el de recuperación- al que se ha incorporado con retraso, pero al que en estos momentos se une definitivamente gracias a los apoyos e incentivos que ha recibido. El resultado del comportamiento de ambos componentes de la demanda interna será el aumento del empleo en una cuantía entre 175.000 y 200.000 puestos de trabajo netos, cantidad destacada después de tres años consecutivos de caídas importantes del mismo.

Además, los presupuestos de 1995 mantienen la protección social alcanzada, situando el peso del gasto social en el conjunto del gasto público en el 51,8%, un punto por encima del presupuestado en el ejercicio precedente. Se genera, con ello, un factor de confianza en ciudadanos y agentes económicos, que aleja recelos y temores sobre la continuidad de estas políticas, cuyos beneficios para la economía española son comunmente reconocidos.

Por otra parte, dejando a un lado los problemas de funcionalidad que pudieran derivarse de actuaciones contrarias a las antes aludidas, el sendero elegido es coincidente con el que utilizan en la Unión Europea las formaciones políticas maduras cuando observan que en sus respectivas naciones las políticas de bienestar han tejido un conjunto de equilibrios cuyos beneficios se han extendido en favor de la gran mayoría de la población. Para ello han recurrido a mantener, . perfeccionar y -cuando ha sido necesario- reformar instituciones de cohesión de bienestar social estableciendo un sistema de derechos del ciudadano que contrapesa las desventajas originadas por el mercado.

Claro está que, cuando esa opción de política económica se toma, se constata inexorablemente el alejamiento de ella de quienes se sitúan en el doctrinarismo político o de aquellos otros que exclusivamente pretenden defender sus particulares intereses. Viendo la actitud de unos y de otros, con frecuencia se observa cómo para esos grupos, colectivos o representaciones de intereses nunca llega el momento en el que, ni siquiera de manera moderada, los ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios que ocasiona el progreso material.

Junto con los apoyos parlamentarios que han recibido, los presupuestos para 1995 incorporan acuerdos específicos con instituciones como la FEMP en el ámbito de la financiación local, con las CC AA para el saneamiento y financiación del sistema nacional de salud, y con las centrales sindicales en materia de sueldos de funcionarios, pensiones públicas y prestaciones para los beneficiarios del empleo rural. Así, este documento presupuestario es un coherente mosaico de acuerdos con representaciones de intereses generales, territoriales y profesionales.

Críticas han sido las posiciones expresadas por la derecha. Desde el espacio empresarial se ha afirmado que este presupuesto es cobarde y populista. Pese a que el gasto público no financiero aumenta al 3,4% frente al 6,5% de crecimiento del PIB nominal, hay que suponer que la calificación de cobarde se formula por no ser más restrictivo, ya que este patrón presupuestario es el que en el universo patronal se identifica con la valentía. Populista ha sido el siguiente calificativo empleado por el Círculo de Empresarios. Cabría pensar si la fundamentación del mismo se realiza, por no negar -es decir, por mantenerla capacidad adquisitiva de funcionarios y pensionistas. Igualmente curiosa resulta la argumentación de que este tipo de acuerdos tienen un efecto arrastre en el conjunto de la negociación colectiva. Es un dato contrastable que tras dos años de crecimiento nulo de las retribuciones, la disciplina de costes llevada a cabo por la patronal pública soporta con holgura la comparación con la actitud de la patronal privada.

Tratando de superar el posicionamiento escasamente objetivo que explícita el grupo más elitista del empresariado español querríamos situar nuestro análisis en terrenos más serenos y sosegados.

En España, en algunas ocasiones, el gobierno de la economía pudo realizarse a través de negociaciones -con y entre- los agentes sociales que, además de la mutua legitimación, consiguieron resolver buena parte de las dificultades existentes, por lo que sería muy conveniente recuperar este procedimiento de articulación de las relaciones industriales. Su contenido, en unas circunstancias políticas tan distintas a las que posibilitaron en su día aquellos singulares y exitosos acuerdos, ha de ser necesariamente diferente. Si bien debería, al menos, concretarse en favorecer cuantas actuaciones puedan llevar las partes para afianzar y solidificar la recuperación que se está produciendo.

Cuando gran parte de la vida económica está configurada por las actitudes, todos deberíamos contribuir a que no se aceleraran al alza los precios en los momentos iniciales de la recuperación. Ése es uno de los mayores riesgos a los que se enfrentará el panorama económico español en los próximos meses. La mejora de los márgenes que se ha producido no debería trasladarse hacia una elevación de precios, sino que habría de canalizarse hacia actuaciones más productivas.

Ante tan indeseada expectativa, habría que actuar con la finalidad de corregir un rebrote inflacionario ocasionado por aumentos de beneficios. Lo mismo podría decirse -si también ocurriera- con los aumentos de precios que motivaran las alzas salariales. Producidos por unas causas o por otras, hemos de ser conscientes de que un repunte inflacionista actuará negativamente sobre el proceso de recuperación y crecimiento de la economía.

Por ello, la lucha destinada a reducir la inflación se convierte en una tarea colectiva que va más allá de las posibilidades de un Gobierno, ya que conseguir objetivos ambiciosos en precios, resulta difícil si los comportamientos sociales se dirigen en una dirección contraria al objetivo perseguido. Es por lo que los comportamientos de las diferentes instituciones y agentes sociales tendrían que articularse para que sea posible la reducción de los precios. En este sentido, sería conveniente que las centrales sindicales y las organizaciones actuaran tomando como referencia la tasa de inflación prevista, proponiéndose ambas partes que la misma llegue a ser la inflación real.

En este sentido, sería bueno que la política económica en los presupuestos para 1995 se complemente con alguna modalidad de acuerdo bipartito destinado a encauzar, al menos en el próximo ejercicio, la marcha de las distintas rentas, ya que ello supondría un compromiso en favor de la estabilidad económica que serviría para que la recuperación no sea efímera y para que el crecimiento resulte intenso y sostenido.