La policía investiga el desvío de 1.000 millones en los bares del aeropuerto de Palma

El grupo de Delincuencia Económica de la Policia Nacional de Palma investiga una demanda por presunto desvío de 1.000 millones de pesetas presentada por los acreedores de la empresa concesionaria de los bares del aeropuerto palmesano de Son Sant Joan, IHRESA (Inversiones en Hoteles y Restaurantes, SA). Los proveedores suspendieron ayer el suministro de mercancías y el desabastecimiento amenaza a 70.000 pasajeros que este fin de semana circularán por las instalaciones aeroportuarias.

Uno de los responsables de IHRESA, Antonio Morales, se encuentra en paradero desconocido. La empresa -concesionaria de los bares y restaurantes de los aeropuertos de Jerez, Málaga, Palma y anteriormente de los de Madrid y Barcelona- presentó un expediente de suspensión de pagos en el juzgado de primera instancia número 55 de Madrid, que fue admitido a trámite con techa 28 de noviembre. De forma paralela, los acreedores de Mallorca instaron la quiebra.

El portavoz de los demandantes, el abogado Jaime Rodríguez, aseguró que existen claros indicios de conducta presuntamente delictiva en la actuación de los responsable de IHRESA. "Intentamos que proceda la quiebra fraudulenta y que se procese por presunto desvío de fondos a los directivos de esa empresa".

Cobro de atrasos

Los acreedores, entre los que se encuentra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y la seguridad social de Baleares reclaman 700 millones de pesetas. El administrador único de IHRESA Antonio Morales, no se encuentra localizable y los 168 trabajadores de Palma han convocado huelga para cobrar 80 millones de atrasos.Los problemas financieros del concesionario en Palma ocurren cuando el aeropuerto batirá todos sus registros de pasajeros (14 millones) y tras soportar una prolongada huelga de los controladores del centro de Marsella, que retuvo durante varios fines de semana a miles de turistas.

IHRESA había calculado unos ingresos para este año de 1.300 millones de pesetas en Son Sant Joan, cien de los cuales se recaudaron en los días de las restricciones aéreas. Los proveedores afirman que la empresa "está descapitalizada" y que no posee los activos suficientes para justificar la suspensión de pagos.

Los directivos de la concesionaria de los bares, por su parte, insisten en que los problemas económicos obedecen a que Aena no respetó una serie de compromisos contraidos en el momento en que se hicieron cargo del negocio de los aeropuertos. IHRESA reclama al ente público 3.200 millones por las obras realizadas en las instalaciones e indemnizaciones por despidos.

En Palma la empresa concesionaria redujo la plantilla de 250 a 168 trabajadores con bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas cuando en 1992 se hizo cargo de la explotación del negocio. El sector turístico de Baleares, por su parte, ha deplorado que las dificultades del concesionario de los bares repercuta en el servicio a los pasajeros. El presidente del Fomento de Turismo de Mallorca, Joan Palou, calificó el conflicto en el aeropuerto de "duro golpe a la imagen de Baleares como destino vacacional".