Los obligacionistas aceptan una prórroga que evita la quiebra de Grand Tibidabo

Los obligacionistas de Grand Tibidabo, aceptaron ayer por abrumadora mayoría la propuesta del consejo de administración de la compañía de aplazar hasta diciembre de 1995 el cobro de los intereses de la emisión de obligaciones. El consejo, presidido de forma interina por Emilio Casinello, logró así evitar que el impago de estos intereses -ayer acabó el plazo del primer pago- pemitiera a los obligacionistas instar la quiebra de la compañía.

En síntesis, los obligacionistas se comprometieron a no interponer ninguna acción judicial antes del 15 de febrero próximo, a reducir del 12% al 7% los intereses de las obligaciones y a aplazar hasta el 29 de diciembre de 1995 el pago de los intereses "si hay garantías suficientes". El primer pago, por un total de 404 millones, debía haberse cumplimentado ayer y el segundo en junio próximo.A cambio, los obligacionistas obtuvieron como garantía la pignoración de los derechos de las acciones que Grand Tibidabo posee en la sociedad Guadalmina y la hipoteca de parte de los. terrenos de esta sociedad. Estos acuerdos deben ser aprobados por la junta de accionistas de Grand Tibidabo, convocada para el 19 de diciembre.

Estas garantías fueron consideradas escasas por muchos pequeños obligacionistas, ya que el valor contable de los terrenos no alcanza el total de la emisión (6.700 millones) más la suma de los intereses (806 millones brutos). Según el consejo, los terrenos de Guadalmina están tasados en 7.600 millones de pesetas, pero a esta cantidad hay que descontar 790 millones porque dos parcelas están ya hipotecadas por el BBV y el Banco Santander y los obligacionistas sólo podrán ejecutar una segunda hipoteca. Según los libros de Grand Tibidabo, estas fincas tienen un valor contable de 4.697 millones. En opinión de un pequeño obligacionista., "en realidad apenas valen 2.500 millones... si consigues venderlos".

El consejo se comprometió también a seguir buscando otras alternativas que permitan el pago de los intereses antes del plazo ahora pactado. Entre estas alternativas se baraja la posibilidad de obtener un crédito del Banco Santander, una opción que hoy por hoy parece muy difícil. Emilio Casinello, que admitió que todavía "no hay respuesta" del banco cántabro, aseguró que en la junta del día 19 dejará la presidencia, que ocupa de forma interina debido a que el presidente, Joan Cruells, se encuentra en prisión inculpado por el caso De la Rosa. La otra opción que se baraja es la obtención de un aval de 1.000 millones de pesetas del Instituto Catalán de Finanzas. La petición se sustenta en 12 necesidad de no perjudicar a 9.000 pequeños accionistas.

La fiscalía remitirá el próximo lunes a la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona un informe en el que solicitará que De la Rosa permanezca en prisión, informa . Según fuentes judiciales, e juez encargado del caso, Joaquín Aguirre, tiene intención de prorrogar un mes más el secreto de sumario. Aguirre interrogará e martes al financiero Ramón Fiter, inculpado de la descapitalización de Grand Tibidabo.