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Los despedidos de Gillette no quieren que Hacienda cobre con la fábrica cedida

La junta de los antiguos trabajadores de Gillette en Sevilla, que estudia las propuestas de inversión para reutilizar la fábrica, recibió ayer con preocupación la noticia de que Hacienda demanda 11.000 millones a la multinacional por la posible incidencia que este conflicto puede tener sobre las instalaciones de la empresa norteamericana, cuyo uso ha sido cedido a los trabajadores.El presidente de la gestora, José Fernández Lara, advirtió que los empleados no renunciarán a la planta y que, no admitirán que la multinacional o el Estado reclamen ahora los 50.000 metros cuadrados de Gillette para hacer frente a ninguna deuda.

La fábrica de Gillette en España, situada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, es la oferta principal de los trabajadores a los futuros inversores para la recolocación de los 245 empleados que la multinacional despidió en agosto. La cesión de estas instalaciones, vinculada a la existencia de un plan de viabilidad, fue una de las cláusulas fundamentales de la negociación entre empresa y trabajadores para el cierre definitivo de la planta.

Las demandas de Hacienda sobre Gillette abrieron ayer las dudas sobre el futuro de las instalaciones ante la posibilidad de que sean utilizadas para saldar la deuda con el Estado. En este sentido, Fernández Lara comentó: "El acuerdo fue que mientras exista un proyecto industrial, los terrenos son para los trabajadores. Ahora no vamos a dejar que esta situación cambie".

Recolocar la plantilla

La junta de empleados ha analizado diferentes proyectos de inversión aunque ninguno, por el momento, se ha consolidado. Tras el abandono inicial del plan original para fabricar conducciones de fluidos especiales, los antiguos trabajadores han recibido ofertas de empresarios aragoneses y otros para realizar componentes de equipos de aire acondicionado. Ninguna de estas propuestas preveía volver a contratar a todos los afectados, sino sólo a parte de ellos.Por este razón, los trabajadores consideran fundamental mantener todas las competencias, sobre la fábrica para incorporar más de un proyecto industrial y garantizar la recolocación de toda la antigua plantilla.

Por su parte la Junta de Andalucía declinó cualquier responsabilidad sobre el proceso abierto, al considerar que implica sólo a competencias estatales y que el conflicto laboral está cerrado. El Ministerio de Hacienda reiteró ayer que no facilita información sobre inspecciones abiertas a particulares. Según Europa Press, la deuda reclamada por el fisco obedece a que se han descubierto operaciones entre empresas del grupo Gillette a un precio distinto del de mercado con el fin de ocultar beneficios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de diciembre de 1994