El Tribunal de Cuentas ratifica que el director de Empleo vulneró la ley

Madrid - 09 dic 1994 - 00:00CET

Juan Navarro, director general de Empleo de la Comunidad, vulneró la ley de incompatibilidades de altos cargos al no inhibirse en la tramitación y concesión de dos subvenciones (15,9 millones) a la empresa Ibercoop (no confundir con Ibercorp), de la que había sido socio fundador. Así lo estima el Tribunal de Cuentas en el informe definitivo sobre la gestión económico financiera de 1991 de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado 29 de noviembre.Las alegaciones presentadas en julio y octubre de 1994 por la consejería de Economía, redactadas y firmadas por Navarro, no han conseguido modificar la opinión de los auditores públicos. El Tribunal de Cuentas mantiene, en la memoria definitiva que firma Ciriaco de Vicente como presidente en funciones, la mayoría de las conclusiones sobre la existencia de múltiples irregularidades en la gestión de subvenciones por parte de la Dirección General de Empleo.

Navarro se defendió en julio con dos argumentos: se dio de baja en Ibercoop en diciembre de 1987, y cuando la empresa consiguió las ayudas públicas de la Comunidad, el 18 de diciembre de 1990, ya no era la misma, pues tenía socios distintos. "Al tratarse de una nueva empresa que conservaba el nombre de la anterior, no parece que el director general estuviera obligado a inhibirse del conocimiento del asunto", alegó.

Pero el Tribunal de Cuentas le rectifica: "Según las escrituras públicas de 25 de abril de 1989 y de 19 de diciembre de 1989, la empresa no es de nueva creación, es erróneo". Y le recuerda que su relación, con Ibercoop duró hasta finales de 1989 y no dos años antes, como defiende Navarro. "La baja en la Seguridad Social no acredita la renuncia a ser miembro del consejo rector, renuncia que no se produce hasta el 20 de noviembre de 1989 señala el tribunal.

En el mes de octubre, el director regional de Empleo amplió sus alegaciones: "El trámite decisivo para conceder las subvenciones es el acuerdo del grupo de trabajo, en el que están representados los sindicatos, la patronal y la federación de.municipios ( ... ). Pero, a mayor abundamiento, es cierto que el director general de Empleo se inhibió, ya que no estuvo presente en el grupo de trabajo del 27 de noviembre de 1990".

El Tribunal de Cuentas también corrige estas apreciaciones: "La orden de la consejería de Economía por la que se concede la subvención recoge como considerando la propuesta favorable del director general de Empleo ( ... )".

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El tribunal pide mayor control en las subvenciones de la Comunidad

VIENE DE LA PÁGINA 1 Navarro explicó en sus alegaciones que el consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, había firmado en septiembre de 1993 dos órdenes anulatorias de las ayudas concedidas a Ibercoop para recuperar el dinero. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas asegura que la Comunidad reclamó la devolución de la cantidad subvencionada cuando los auditores ya habían descubierto la irregularidad. "En el expediente remitido por la Comunidad no constaba la orden anulatoria, la cual fue aprobada con posterioridad al examen del expediente por el tribunal y que fue comunicado a este órgano en el escrito de alegaciones", explican.

Tras rectificar al director regional de Empleo, los auditores públicos sentencian que Juan Navarro cometió una irregularidad al incumplir el artículo 5 de la Ley de Incompatibilidades y Altos Cargos, "que le obliga a inhibirse del conocimiento de los asuntos que interesen a empresas en cuya dirección hubiese tomado parte".

El Tribunal de Cuentas también señala múltiples irregularidades en la documentación aportada por Ibercoop para conseguir los 15,9 millones por un proyecto para generar 16 nuevos empleos y por un estudio técnico. Además, recuerda que el técnico, José Bravo Bravo, que hizo la evaluación económica de estas solicitudes de ayuda, también había sido miembro de Ibercoop.

En las recomendaciones para mejorar la gestión Financiera de la Comunidad, el Tribunal de Cuentas reserva un apartado a la política de subvenciones: "Deberán realizarse los controles previstos en las normas de concesión, así como la fiscalización plena posterior en el plazo adecuado que permita, en su caso, proceder a la anulación y reintegrar el dinero lo antes posible".

Nuevas irregularidades

De los diferentes programas de subvenciones examinados por el Tribunal de Cuentas (ingreso madrileño de integración, pensiones, ayudas a la investigación) tan sólo observó irregularidades en la dirección regional de Empleo. Además de las dos subvenciones concedidas a, Ibercoop, también resaltan en su informe definitivo la existencia de irregularidades en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Getafe para cursos de formación, subvencionados con 95 millones, y con la Imprenta de la Comunidad de Madrid para formación especializada en informática, por un valor de 25 millones.

La Asamblea de Madrid ¡nició el pasado 15 de noviembre una investigación para aclarar si Juan Navarro favoreció al grupo Ibercoop, formado por 12 empresas.

El director regional de Empleo concedió, además de las dos ayudas por 15,9 millones analizada por el Tribunal de Cuentas, otras 40 subvenciones por más de 200 millones entre 1989 y, 1991. Los portavoces de IU y PP señalan como principal responsable de las irregularidades descubiertas a Juan Navarro.

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