Un contencioso mas simbólico que real

La polémica sobre los gobernadores civiles contiene mucha carga artificial, derivada de la puesta en cuestión de los símbolos, y no es el tema más importante que está en juego en la reforma de la Administración periférica del Estado en ciernes. El gobernador civil fue un auténtico virrey provincial durante el franquismo y esa imagen no ha sido superada por los partidos democráticos más apegados al territorio, los nacionalistas catalanes y vascos. La posición de CiU y PNV favorable a la desaparición de los gobernadores es la más nítida en esta polémica y está trufada de este sentimiento con otros argumentos más prácticos para los nacionalistas como que el debilitamiento del poder de la Administración central en la provincia implica el fortalecimiento de la comunidad autónoma que gobiernan.Pero todos coinciden, nacionalistas y no nacionalistas, Gobierno y oposición, en adaptar la figura del gobernador al Estado de las autonomías tras el importante desarrollo alcanzado por las 17 comunidades en detrimento del poder central. El momento de la verdad llega con el proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración (LOFAGE), que el Consejo de Ministros aprobará próximamente, en cumplimiento del compromiso que adquirió en el debate sobre el Estado de las autonomías de septiembre.

Al margen de los nacionalistas, la figura del gobernador no está en cuestión. Lo que se discute es su papel en el nuevo Estado de las autonomías. Para el PP, debe ser un funcionario de carrera, supeditado, al delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. Esta posición, defendida por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, ha quedado huérfana en el Gobierno, pendiente de debatirlo en el Consejo de Ministros.

La tesis mayoritaria se inclina por mantener el rango político del gobernador civil supeditándolo al delegado del Gobierno y este a su vez al Ministerio de la Presidencia. Fue la posición adelantada el sábado por el secretario de Administraciones Públicas, Constantino Méndez, espoleta de la actual polémica al contradecir a su superior, Jerónimo Saavedra. Con la reforma desaparece la dependencia de los gobernadores del Ministerio del Interior y aumenta su capacidad competencial al agrupar las funciones dispersas de la Administración central en la provincia. A este último punto, la presencia de un representante de la Administración central en la provincia, coordiriador de las tareas dispersas, no renunciará el Gobierno. Ayer lo dejó claro Felipe González en Budapest.

A partir de ahí, el mayor o menor papel político del gobernador, la posibilidad de que sea asistido por un funcionario de carrera, que centralice las cuestiones administrativas provinciales, son las cuestiones a debatir en el Gobierno. La propuesta. de Méndez, jugando al realce del gobernador, fue publicada al poco de entrevistarse con el vicepresidente Narcís Serra, con lo que refleja la posición mayoritaria del Gobierno. Pero es muy probable que sea una ficha que mueve el Gobierno en la compleja partida que le espera jugar con los nacionalistas en las próximas semanas. Gonzalez acaba de establecer el límite mínimo de la negociación, pero entre lo que dicen los nacionalistas y lo que dice Méndez le queda un margen de maniobra que aprovechará.