Estado sin piedad
Los republicanos de EE UU quieren poner fin a los restos del sistema de bienestar
El ayuntamiento de la ciudad de Washington celebró hace poco más de dos semanas una audiencia que no fue cubierta por ningún gran medio de comunicación de EE UU. Declaró en aquella oportunidad Linda Thompson, una de las cerca de 5 millones de madres solteras norteamericanas que reciben ayuda económica del Estado para poder sobrevivir. Thompson se expresó con toda la objetividad y la precisión que le permiten sus estudios universitarios. Y terminó pidiendo, implorando, que no le quiten los 800 dólares (unas 100.000 pesetas) mensuales con los que alimenta a sus ocho hijos.En esos días, el grueso de la prensa prestaba más atención a las figuras del Partido Republicano, que acababan de ganar las elecciones con la promesa, como una de sus principales banderas políticas, de reducir las ayudas sociales y limitar la cobertura de la beneficencia pública. El 80% de los norteamericanos simpatizan con esa idea, según las encuestas. Sólo discrepan los 40 millones de personas que viven por debajo de los niveles de pobreza, establecidos en este país en la barrera de las 159.000 pesetas de ingresos mensuales para una familia de cuatro.
Lo peor de que la historia de Linda Thompson pasara inadvertida, explica Barbara Curtis, que dirige un centro de caridad católica en el distrito de Columbia, es que la gente seguirá pensando que los receptores de la beneficencia (lo que en inglés se llama welfare) son una lacra sin aspiraciones de la que conviene deshacerse cuanto antes.
Hace poco más de 10 años, antes de cumplir los 18, Linda se casó con un compañero de universidad, con quien rápidamente tuvo dos hijos. El matrimonio naufragó, y ella, sin trabajo ni apoyó del padre, comenzó a recibir ayuda del Estado para mantener a los pequeños. Interrumpió sus estudios, se unió después a otro hombre y añadió seis niños a la familia. A los tres mayores los pudo incorporara un buen programa de educación pública. Los demás quedaron bajo su exclusivo cuidado cuando su segunda pareja también fracasó. Situación tras situación la fueron condenando a permanecer en el welfare, y hoy no podría sobrevivir sin ayudas del Estado".
Es posible, sin embargo, que Linda pierda esas ayudas muy pronto. Entre la fórmula más conservadora (simplemente acabar con el welfare) y la más izquierdista (mantener las ayudas), el presidente Bill Clinton propuso el pasado verano un plan para limitar a dos años el periodo de percepción de subsidios. Peto incluso esa fórmula intermedia tiene pocas posibilidades de éxito después de que los republicanos hayan alcanzado el control del Congreso. En sustancia, los republicanos no quieren que sea el Estado sino las organizaciones privadas de caridad quienes se ocupen de los pobres.
El Contrato con América, el programa legislativo de la nueva mayoría parlamentaria, propone que el Estado no preste ninguna clase de asistencia a las madres menores de 2.1 años (25 años a partir de 1998) con niños nacidos fuera del matrimonio, ni a las de cualquier edad que no puedan identificar a los padres. Para los niños que queden desprotegidos en esas circunstancias ofrece crear mecanismos rápidos de adopción y orfanatos.
El programa republicano coincide con el programa de Clinton en limitar la cobertura del welfare a dos años, pero difiere en que no ofrece puestos de trabajo en el sector público. Para los casi 28 millones de pobres que reciben ayuda para alimentación, el Contrato con América exige que tengan que trabajar al menos 35 horas por semana para seguir dentro de ese programa.
La discusión de esta propuesta promete ser uno de los asuntos más controvertidos del próximo periodo legislativo. La Casa Blanca y el Congreso están de acuerdo en reducir el enorme gasto del welfare: 34.000 millones de dólares en las ayudas a las madres sin recursos y 40.000 millones en ayuda sanitaria y alimenticia para los pobres. Pero hay fuertes discrepancias en cómo hacerlo. Hillary Clinton dijo esta semana que "es preciso hacer antes de seis meses una reforma decente que lleve a la gente de la benificencia pública a un puesto de trabajo, pero una reforma que reconozca también que hay algunas necesidades que tienen que seguir siendo cubiertas".
