La ayuda oficial a Amper se paraliza por las dudas de que carezca de patrimonio

VIENE DE LA PÁGINA 1De Oro indica también que Amper no compró ninguna de las dos parcelas mencionadas a precio regalado, sino incluso algo más alto -10.000 pesetas el metro cuadradado- que lo cobrado a otras empresas colindantes -4.750- "La Comunidad no salió perjudicada con esa transacción", afirma.

Ninguna de las fuentes consultadas -en Amper y en la Comunidad de Madrid- explica la revalorización de una de esas dos parcelas, la de los 33.104 metros cuadrados todavía hoy vacíos.

Antonio López reclamó en octubre de 1990 del Registro Mercantil un experto independiente que valorase sus propiedades con vistas a una inminente ampliación de capital, según un portavoz de la empresa. El registro encargó el trabajo a la compañía American Appraisal España, SA, y fueron esos tasadores profesionales los que en noviembre de 1990 valoraron en 2.086 millones el terreno y la futura fábrica -aún no construida- de Amper en Tres Cantos.

Las auditorías de Amper reflejan que la dirección del grupo decidió ese año -1990concentrar en torno a su filial inmobiliaria, Sociedad Anónima de Mediación y Promoción (SAMP), los terrenos de todas sus sociedades (entre ellos los de Tres Cantos).

En estos momentos, sobre ese solar tan sólo se levanta un cartelón que anuncia su venta por la Sociedad Anónima de Mediación y Promoción (SAMP), participada en un 99% por Amper (empresa enteramente privada). SAMP logró en junio de 1991 la hipoteca de 1.072 millones sobre la nueva valoración.

Agustín Pérez, secretario técnico de la presidencia de Amper, explica que se compraron esas parcelas en un momento de expansión del grupo, que AT&T construyó su fábrica en una de ellas y que la otra no se montó porque coincidió con la crisis. La depresión económica dificultó entonces la venta el solar.

Denuncia por delito social

La paz social conseguida en Amper tras varios años de conflictos, reducción de plantillas y suspensión de pagos incluso en alguna firma del grupo corre de nuevo peligro. Amper Telemática y Amper Cosesa presentaron el pasado mes de enero un expediente para extinguir 294 puestos de trabajo, casi la mitad de su plantilla.

La Dirección Provincial de Trabajo dictaminó en febrero que no procedía esa regulación porque la situación económica que se alegaba ya figuraba en un plan de viabilidad de la empresa anterior que no se cumplió. En mayo, sin embargo, la subdirección general de Reestructuración de Empresas del Ministerio de Trabajo aceptó un recurso de Amper y aprobó esa regulación. A partir de ese momento comenzó una negociación con los despedidos para conciliar el pago de las indemnizaciones y los atrasos.

La empresa argumentó no tener activos ni depósitos para afrontar esos despidos y salvar la continuidad de la firma. La Comunidad de Madrid y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) del Ministerio de Trabajo entraron entonces en las negociaciones para mitigar el problema social creado, con empleados acampados, ante las puertas de la fábrica y denuncias en los juzgados de Getafe.

600 millones

El Fogasa se comprometió a adelantar los 600 millones necesarios para efectuar esos pagos. Antes de que concluyese esa negociación, la Comunidad ofreció un convenio entre los sindicatos de la empresa y Cajamadrid, por el que esta entidad financiera adelantaba en créditos personales a los trabajadores ese dinero. El Gobierno regional pensaba hacerse cargo, además, de los 20 millones de pesetas que Cajamadrid iba a aplicar como intereses.

El pasado 31 de octubre, una denuncia anónima de un trabajador consiguió paralizar todas esas gestiones porque tanto los responsables del Fogasa como de la Consejería de Economía vislumbraron "con gran preocupación" dudas en la argumentada falta de capital de la empresa. El Fogasa y la Comunidad estudian ahora cuál es la capacidad real de Amper, para tomar así una decisión definitiva.

Juan Pedro Serrano Arroyo, secretario general del Fogasa, recibió una carta denuncia ese día en la que se detalla el proceso seguido por Amper Telemática y Amper Cosesa hasta llegar a su crítica situación actual. Al margen de la parcela valorada en 2.086 millones en Tres Cantos, la carta descubre que Amper tiene más bienes. Así, describe una operación inmobiliaria de otra empresa del grupo -la mencionada SAMP- que demuestra la existencia de suficientes activos como para hacer frente con su patrimonio a las indemnizaciones y los atrasos, y no tener que recurrir al Fogasa.

Esa operación se efectúa igualmente en Tres Cantos, pero sobre un terreno residencial. ITC, una nueva sociedad consorciada entre SAMP (49% de las acciones), IGS (la gestora de la cooperativa la ugetista PSV) y Carlos Sotos (ex gerente de PSV), paga a la Comunidad 1.400 millones por 66.610 metros cuadrados. Esa finca se divide en 294 parcelas. Sobre ellas se edifican 291 chalés, que según Agustín Pérez, el portavoz de la presidencia de Amper, pensaban ofrecer con un 10% de descuento y como residencia a trabajadores del grupo ante su prevista expansión de factorías en la zona.

Como particulares

La propia SAMP acabó comprando 18 de esos chalés; y una nueva empresa, Inversiones Reales -formada entre los directivos de Amper como particulares, con Antonio López a la cabeza y Agustín Pérez como apoderado-, adquirió al menos otros 15. Pérez señaló a este periódico que tanto la parcela industrial en venta como esos 291 chalés engrosan el patrimonio de SAMP y nada tienen que ver con Amper Telemática, "porque cada empresa tiene su contabilidad individual".

El secretario general del Fogasa, Juan Pedro Serrano Arroyo, reconoció a este periódico que bloqueó el pago de las indemnizaciones ante la denuncia, pero señaló que el organismo que dirige es en este caso "el último de la película" y, por tanto, se limitó a facilitar lanas prestaciones perfectamente regladas a las que los trabajadores tenían derecho. Serrano Arroyo explicó así el procedimiento: "Cuando un juez admite una suspensión de pagos y aparecen acreedores a los que se debe un dinero, como los trabajadores, es él el que nos dice qué procede pagar y es él el que ha investigado si la empresa tiene o no patrimonio".

Juan Pedro Serrano Arroyo admitió que ha solicitado por su cuenta un informe jurídico a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre el tema, y aseguró que en condiciones normales ya habrían abollado las indemnizaciones.

. La Consejería de Economía ha retenido por ahora su posible ayuda al desaparecido fondo de pensiones de la empresa y su negociación con Cajamadrid para avalar a los despedidos.

El portavoz de la empresa indicó que si al final el Fogasa y la Comunidad retiran su apoyo a los sindicatos de Amper Telemática, sólo sucederá que la empresa "tardará más tiempo en pagar a los despedidos, porque pagas en función de lo que tienes".