Interior y Gobierno vasco admiten que su sintonía política no se refleja en coordinación frente a ETA
Los responsables de Interior de las administraciones central y vasca admitieron ayer la existencia de dificultades operativas, e incluso técnicas, en la coordinación entre sus policías, aunque aseguraron que los criterios políticos en la lucha antiterrorista son uniformes. Tras la reunión en Vitoria de la Junta de Seguridad del País Vasco, ambas delegaciones anunciaron que una comisión técnica de coordinación se reunirá cada 15 días para superar los problemas que genera la existencia de varias policías, Ertzaintza, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.
La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, y el viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Manuel Martiarena, acordaron reactivar la comisión técnica para estudiar los actuales problemas e intentar solucionarlos antes de la próxima Semana Santa.Robles reiteró tras la reunión que "no hay discrepancias políticas" entre ambas administraciones a la hora de perseguir a los terroristas. Pero reconoció que organismos como la Comisión Técnica de Coordinación, creada en 1990 con el acuerdo de despliegue de la Ertzaintza y su estructura orgánica, han sido "poco operativos".
Esta circunstancia ha impedido la comunicación entre los responsables policiales, aunque no ha cortado el hilo directo entre los responsables políticos, ni con el anterior ministro del Interior, Antoni Asunción, ni con el actual, Juan Alberto Belloch.
El clima de buena relación entre los máximos responsables de Interior de ambas administraciones durante la etapa en la que Juan María Atutxa ha ocupado la Consejería de Interior no se ha trasladado a los mandos de los tres cuerpos que dirigen a pie de obra la lucha antiterrorista.
Las luces de alarma sobre la falta de coordinación se encendieron la semana pasada, tras la desarticulación del comando Vizcaya de ETA por parte de la policía vasca. Responsables del Ministerio de Justicia e Interior se quejaron de que la Ertzaintza tardó cuatro días en enviar la documentación al ministerio y, además, los papeles llegaron directamente al despacho de Robles en vez de ir a las manos de los responsables operativos.
'Comando Vizcaya'
Entre la documentación incautada a los tres liberados (a sueldo) del comando Vizcaya de ETA había información sobre 300 posibles objetivos, entre ellos militares, guardias civiles y miembros de la policía. Esta dilación en la entrega de la documentación y el desconocimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado del operativo de Loiu (Vizcaya), donde se produjo la desarticulación del comando, posibilitó la huida de entre 12 y
15 colaboradores del grupo terrorista, según fuentes de Justicia e Interior.
Estos extremos han sido negados por Atutxa y ayer mismo Martiarena, su número dos, atribuyó las informaciones sobre la falta de coordinación policial a "problemas de la prensa". Además, la llegada de la policía vasca a la capital de Vizcaya también se ha visto salpicada por diversas muestras de falta de sintonía entre los diferentes cuerpos.
Frente a esta lectura en clave de enfrentamiento, los responsables políticos pretendieron ayer trasladar a los medios de comunicación la idea de que todos están del mismo lado y las "disfunciones" son meramente técnicas. Pero nadie ocultó que la coordinación ha brillado por su ausencia en el terreno policial.
De hecho, la reunión celebrada ayer por la Junta de Seguridad es la segunda desde que se acordó el despliegue de la Ertzaintza, en 1990. La primera, celebrada el año pasado, estuvo centrada exclusivamente en asuntos de carácter penitenciario.
Al encuentro, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, acudieron por parte del Gobierno vasco el director de la Ertzaintza y viceconsejero de Interior, José Manuel Martiarena; el director de Seguridad Ciudadana, Adolfo Fernández; el director del gabinete del consejero, Javier Inda, y un miembro del equipo jurídico).
Robles estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en Euskadi, José Antonio Aguiriano; los gobernadores civiles de las tres provincias; el general jefe de la V zona de la Guardia Civil, José Pantojo, y el jefe superior de Policía de Bilbao, Juan Bautista Felices.
La reunión fue promovida por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch aunque Atutxa ya le había enviado una carta el pasado 22 de noviembre para tratar de encontrar soluciones a la descoordinación policial.
Entre los problemas admitidos ayer por Martiarena figuran los de carácter técnico 37 tecnológico. Fuentes del departamento de Interior del Ejecutivo autónomo apuntaron las reticencias de los mandos policiales de la Administración central a abrir sus bases de datos y mantener un trato bilateral real con la Ertzaintza, tal y como está acordado en el texto suscrito hace ahora cuatro años.
El máximo responsable de la policía vasca anunció también que los ertzainas colaborarán con la policía francesa en tareas de "análisis e información" en el país vecino, aunque no directamente en operaciones.
