Prisiones dispersará a 250 capos de la droga para evitar que dirijan sus negocios desde la cárcel

El Ministerio de Justicia e Interior se dispone a aplicar a partir de enero a los narcotraficantes presos una dispersión similar a la empleada con los etarras. El objetivo del plan de Instituciones Penitenciarias es evitar que los capos de la droga sigan dirigiendo sus negocios desde sus celdas, mediante el soborno y la corrupción de funcionarios o de compañeros de cárcel. Los señores de la droga -unos 250- serán cambiados de cárcel cada seis meses, siempre lejos de sus zonas de influencia, y estarán permanentemente vigilados. Pero los arrepentidos que colaboren con la justicia tendrán un régimen más suave e incluso podrían gozar de módulos especiales dentro de las prisiones.

La dispersión se hará efectiva entre enero y febrero próximos. La Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, que dirige Paz Fernández Felgueroso, va a dar un vuelta de tuerca a los duros mecanismos de control que fueron establecidos hace tres años en torno a los narcotraficantes presos mediante su inclusión en el FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento).Fernández Felgueroso y su equipo han sacado una primera conclusión: los capos del narcotráfico tienen poder y dinero en abundancia con los que "instrumentalizar" a muchos de los 48.200 reclusos que hay en la actualidad y "sobornar" a funcionarios para seguir dirigiendo sus negocios, que en muchos casos siguen en marcha pese a su encarcelamiento.

Laureano Oubiña

Es el caso de Laureano Oubiña, condenado en el macroproceso de la Operación Nécora, que en 1990 pudo vivir a cuerpo de rey y tener un teléfono portátil por gozar del trato de favor que le concedieron varios funcionarios de Zamora. El presunto capo se quejó en mayo de 1993 a la juez de Vigilancia Penitenciaria, María del Prado Torrecilla, porque en la prisión de Alcalá-Meco (Madrid) sólo se le permitía disponer de 8.000 pesetas a la semana, cantidad que él juzgaba insuficiente para comprar "jamón de pata negra y puros Davidoff".

En este grupo, el más peligroso, hay presos que en muchos casos no están condenados directamente por narcotráfico, sino por actividades colaterales (delitos fiscales, evasión de divisas, blanqueo de dinero ... ), según fuentes penitenciarias.

La segunda conclusión es que los arrepentidos y colaboradores de la justicia, antiguos miembros de redes de narcotráfico, son considerados como "traidores" por sus ex jefes, por lo que pueden ser víctimas de atentados. Este grupo, sin referencia penal alguna fuera del ámbito antiterrorista, debe tener una especial protección y una idónea clasificación penitenciaria variable, que podría incluir su cambio de identidad.

El plan que ya tiene prácticamente ultimado la dirección general de Instituciones Penitenciarias, al mando de David Beltrán, divide en cuatro grupos a los presos con condenas relacionadas con delitos contra la salud pública.

En el primer grupo o nivel superior están los narcos bien dotados intelectualmente, vinculados a la dirección de las redes y con relaciones internacionales, fuerte capacidad económica, dotes de liderazgo, actividades profesionales y empresariales brillantes, fuertes apoyos sociales y familiares, además de mostrar facilidad de adaptación a la vida carcelaria, lo que les permite ganar la confianza de los funcionarios y obtener ventajas.

A los integrantes de este núcleo duro del narcotráfico se les cambiará cada seis meses de penal y se les mantendrá alejados de sus zonas de influencia, en centros con rigurosas medidas de seguridad que permitan un control exhaustivo de sus comunicaciones, actividades y relaciones con otros internos y funcionarios. Además, nunca tendrán destinos de confianza.

El segundo grupo de narcos lo configuran los cuadros intermedios de las organizaciones. Son personas de inteligencia media, con buena situación económica y con fácil adaptación al sistema penitenciario para conseguir así beneficios "de dudosa legalidad".

Estos reclusos serán trasladados a prisiones alejadas de sus domicilios, "pero próximas a las zonas de influencia familiar", situadas fuera de los cascos urbanos y sin posibilidad de disfrutar de "destinos de confianza" en las cárceles. El plan de dispersión de estos internos no establece un límite de estancia en cada centro penitenciarlo , al contrario de lo que sucede con los capos.

El tercer grupo abarca a unos 15.000 personas condenados por trapicheo [venta de droga al por menor] u otros delitos conexos, a los que se alojará en cárceles próximas a su domicilio, dado su "escaso potencial delictivo" y que sus familiares tienen poco dinero para desplazarse a otras regiones más alejadas. Estos pequeños camellos tienen una escasa capacidad intelectual, pertenecen a grupos marginados, su situación económica es desastrosa y su conducta carcelaria es conflictiva.

Asuntos Penitenciarios reconoce que se han dado bastante casos de capos que han seguido dirigiendo sus organizaciones pese a estar entre rejas, por lo que quiere poner en marcha un nuevo mecanismo que "permita un mejor control". Para ello, utilizará la experiencia desarrollada durante los últimos cinco años sobre el colectivo de presos de ETA: la política de dispersión aplicada con los etarras, la mayoría de los cuales están recluidos a centenares de kilómetros del País Vasco.