Abuso y lenidad

LA SOLIDARIDAD con los taxistas que acaban de perder a dos compañeros asesinados no dispensa del deber de decirles la verdad. La rabia no basta para justificar el colapso de Madrid durante más de 24 horas, causando serios perjuicios a millones de ciudadanos. Sin aviso previo, sin ningún intento de negociar nada con los responsables de seguridad, los taxistas impusieron, su voluntad. Una reacción abusiva que ha aprovechado la emoción suscitada por el doble crimen. Pero si lo que hicieron fue un atropello a los derechos de los demás, la tolerancia del delegado del Gobierno y del alcalde de Madrid, que les dejaron hacer, constituye un ejemplo patente de falta de autoridad.La detención del presunto autor de ambos asesinatos en menos de 24 horas es un indudable éxito policial si las pruebas periciales pendientes confirman definitivamente la acusación. Pero las pesquisas que condujeron a esa. detención no habrían culminado tan rápidamente si la policía no hubiera contado en sus archivos con tantos datos sobre los antecedentes delictivos del detenido: 17 antecedentes de robo, hurto, tráfico de drogas, ocultación de identidad, entre otros.

El delegado del Gobierno en Madrid tiene razón al considerar que es accesorio el hecho de que ese delincuente, sea de nacionalidad marroquí. La difusión imprudente de ese dato en las primeras horas del lunes provocó varios intentos de linchamiento en la calle de ciudadanos magrebíes. Pero nada favorece tanto los designios de las personas y organizaciones racistas o xenófobas como el desprestigio de la ley que resulta de. su incumplimiento sistemático o reiterado. La ley de emigración es tal vez imperfecta, pero debe cumplirse.

Y pocas dudas caben, a la vista del historial de Rachid Moufrag, de la falta de acierto de la! autoridades -gubernativas y judiciales- en el tratamiento de este caso. Es posible que los fallos tengan alguna explicación de carácter burocrático. Pero es evidente que un inmigrante ilegal que entra en España en 1989 y ha sido detenido en 17 ocasiones no puede seguir, residiendo en España en 1994 y, sobre todo, en libertad. Hace tiempo que debería haber sido expulsado de España o sometido al proceso judicial correspondiente por los delitos presuntamente cometidos.

Pero las eventuales responsabilidades de la Administración en absoluto justifican la pretensión de los taxistas de hacer corresponsables a varios millones de ciudadanos: todos los automovilistas que quedaron atrapados durante horas en el cepo en que se convirtió Madrid, incluyendo ambulancias y otros servicios de urgencia; los viajeros llegados a las estaciones y aeropuerto, que quedaron bloqueados en el lugar, y muchos otros ciudadanos que, víctimas del caos en que se convirtió la ciudad, no pudieron circular con normalidad. La indignación reinante entre los taxistas, similar a la de otros gremios víctimas de la inseguridad ciudadana, puede entenderse; pero, a juzgar por las peregrinas explicaciones adelantadas por algunos taxistas entrevistados por la radio, son ellos quienes no entienden lo que es un servicio público. Suspenderlo durante día y medio, mediante una huelga no convocada y sin establecer unos servicios mínimos, no sólo es ilegal, sino injusto.

Tampoco parecen entender que la seguridad absoluta es imposible de garantizar, no ya a los taxistas, sino a cualquier ciudadano. La diferencia entre el gremio del taxi y otros igualmente afectados por la inseguridad es la superior capacidad de intimidación que poseen. Ampararse en ella para imponer su voluntad a toda una ciudad es un abuso. Pero que la Policía Municipal asista impávida a ese abuso constituye un alarde de ineficacia e impotencia difícilmente superable. ¿Tiene algo que explicar a este respecto el alcalde, José María Álvarez del Manzano?