Nueve meses de pulso judicial con el líder de Forza Italia

La pugna ha durado lo mismo que un embarazo complicado. Han pasado más de nueve meses de pulso entre los magistrados italianos antes de que el presidente de Fininvest, Silvio Berluconi, recibiese ayer una citación judicial como inculpado. Prime ro fue detenido unas horas su hermano, Paolo, el 11 de febrero de este año, acusado de haber pagado en 1983 una comisión a socialistas y democristianos relacionada con la venta a un banco público de apartamentos construidos por una constructora que hasta 1992 perteneció a Fininvest.Poco después, en marzo, Paolo Berlusconi declaró que Edilnord, otra empresa de su hermano Silvio, había pagado 1.300 millones de liras (106 millones de pesetas) a representantes socialistas y comunistas en Lombardía entre 1988 y 1990. Ese mismo mes . se produjo un registro judicial en las oficinas de la sede de Publitalia, empresa del grupo Fininvest, y Berlusconi solicitó al presidente Oscar Luigi Scalfaro amparo contra los magistrados que le perseguían.

A comienzos de junio, Silvio Berlusconi, declaró voluntariamente y en calidad de testigo ante un juez romano que investigaba el presunto pago de comisiones para la obtención de frecuencias televisivas.

El 23 de julio, las fuerzas de seguridad italianas efectuaron un minucioso registro de unas oficinas de Fininvest en Segrate, en las afueras de Milán, en las que se llevan las cuestiones fiscales del grupo. El registro se enmarcaba en el contexto de una gran redada ordenada por la magistratura de Milán contra empresarios y ejecutivos presuntamente implicados en la corrupción de agentes de la Policía Fiscal. Dos ejecutivos de Berlusconi fueron detenidos. En las acusaciones contra ellos se mencionaba a Paolo, a quien se investigaba por el mismo motivo, que fue detenido antes de pasar a la situación de arresto domiciliario el 29 de julio. Tal día, Berlusconi anunció la congelación temporal de sus derechos sobre Fininvest.

Polémico decreto

Fue en ese mismo mes de julio cuando el Ejecutivo aprobó un controvertidísimo decreto ley que liberaba de la prisión preventiva a los acusados de corrupción. La polémica hizo al Gobierno retractarse enseguida.

Por otro lado, los jueces investigaron la presunta corrupción de inspectores fiscales por parte de Telepiú, televisión de pago fundada por Berlusconi. La policía fiscal registró el 7 de octubre las oficinas centrales de Fininvest como parte de una investigación que afecta al primer ministro. El propio Berlusconi se enfrentó al fiscal jefe de Milán, Saverio Borrelli, al considerar que había interferido ilegalmente en el funcionamiento del Gobierno. El pulso establecido por Silvio Berlusconi pretendía cerrar las investigaciones sobre Fininvest.