El Constitucional aprecia delito de Defensa por impago a militares republicanos

El Tribunal Constitucional ha apreciado en una sentencia la posibilidad de exigir responsabilidad penal al Ministerio de Defensa, por su resistencia a abonar a 23.000 militares republicanos las diferencias económicas entre las retribuciones percibidas antes de la ley 35 / 1980 y las resultantes de la aplicación de la misma, por un importe global de 37.000 millones de pesetas. La sala segunda del alto tribunal, en una sentencia de 7 de noviembre último, reconoce a. 10 militares asturianos, o a sus viudas, que reclamaron las cantidades adeudadas, el derecho a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias resuelva los recursos planteados, para exigir a la Administración el pago o la responsabilidad penal por negarlo. Los recursos de amparo se plantearon contra la inadmisión por el máximo tribunal asturiano de las reclamaciones de ocho militares republicanos mutilados en la Guerra Civil y las viudas de otros dos. Estas reclamaciones se formularon frente al hecho de que, en aplicación de la ley de 1980, el di rector general de Personal de De fensa reconoció en 1990 el derecho a cobrar las cantidades devenga das, pero no las abonó. Sin embargo, el tribunal asturiano rechazó los recursos contencioso-administrativos, por no existir "acto administrativo objeto del recurso", puesto que la Administración reconocía el derecho al cobro.

La sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Álvaro Rodríguez Bereijo, ordena al tribunal asturiano que resuelva los recursos, porque el impago de las deudas es una omisión administrativa impugnable judicialmente. El alto tribunal considera que el pago, de sus obligaciones legales no puede condicionarlo la Administración "a la existencia del correspondiente crédito presupuestario".

Frente al recurso de amparo se pronunciaron el fiscal y el abogado del Estado. Este último adujo "la limitación de medios del Ministerio de Defensa".