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El Gobierno, dispuesto a ceder a los Ayuntamientos competencias policiales, de justicia y vivienda

Anabel Díez

El Gobierno y los presidentes socialistas de comunidades autónomas han, llegado a un principio de acuerdo para ceder a los Ayuntamientos competencias en materia policial, de justicia, en la gestión de impuestos, salud pública, servicios sociales, Educación y vivienda.La satisfacción entre los alcaldes socialistas es grande si se tiene en cuenta qué sus reivindicaciones han sido soslayadas permanentemente y en mayor medida por los presidentes autonómicos. La comisión ejecutiva federal aprobará su próxima reunión el borrador sobre Pacto Local que pasará después al comité federal. Una vez el PSOE lo asuma al completo trasladará para su discusión al o de los partidos. El último o de este proceso debiera ser la a solemne entre los dirigentes las fuerzas políticas del Pacto Local como ya hicieran con el Autonómico.

En el PSOE se considera de importancia extraordinaria que "al 99%" se esté de acuerdo en que el Gobierno y las comunidades autónomas deben soltar competencias y dinero en favor de los Ayuntamientos. Los alcaldes de San Sebastián y Valladolid, Odón Elorza y Tomás Rodríguez -Bolaños, así lo manifestaban en Madrid este fin de semana. "Éste es el único partido político dispuesto a dar estos pasos", decía Rodríguez Bolaños.

Más de cincuenta alcaldes socialistas han debatido el tema en la sede federal del PSOE, convocados por el responsable de Relaciones Políticas e Institucionales, Txiki Benegas. Los trabajos son responsabilidad de una comisión formada por Benegas, los ministros de Justicia, Juan Alberto Belloch, y de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, los presidentes valenciano y de Castilla-La Mancha, Joan Lerma y José Bono, respectivamente, más los alcaldes de La Coruña, Francisco Vázquez, de Barcelona, Pasqual Maragall y, de Murcia, José Méndez.

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La intervención del Gobierno es imprescindible, habida cuenta de los cambios legales que requeridado que la descentralización va a partir del Gobierno central y de las comunidades autónomas. El documento de trabajo, al que, ha tenido acceso EL PAÍS, señala que "el acuerdo tendrá una importancia central corno marco político y administrativo para la próxima oferta electoral municipal socialista".El documento: señala las competencias, que récibirán los Ayuntamientos de la Administración central y en primer, lugar del el área de Justicia e Interior: "Potenciación y desarrollo en los municipios de más de, 20.000 habitantes de funciónes de la política local; polsibilidad de policías metropolitanas competencia de la policía local para, actuar como policía Judicial en materias relacionadas con la justicia municipal de paz". Se pretende que los alcaldes tengan competencias para sancionar ordenanzas municipales, incidentes, leves en la vía pública". Intervención en el procedimiento -de comunicación de ma nifestaciones; reconocimiento de competencias munícipales -en materia de seguridad". Se propone la modificación de la Ley de Seguridad Vial para que los alcaldes puedan imponer las sanciones de tráfico en todo el casco urbano. En la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se propone la inclusión de una nueva regulación de la justicia de paz en las grandes ciudades.

Del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente debe proceder la transferencia de lo relativo a las televisiones locales y por cable. También la reversión a los Ayuntamientos de los ingresos de explotaciones de servicios de temporada en las playas y la participación municipal en puertos y aeropuertos estatales. A Economía y Hacienda se pide la participación en la gestión catastral.

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De la Administración autonómica se esperan competencias y medios sobre Salud Pública, así como la defensa de consumidores y usuarios. Los Ayuntamientos piden la delegación de los servicios sociales, sobre todo en atención primaria; en Educación, la gestión de centros docentes no universitarios; en Vivienda, la gestión de viviendas públicas.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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