¿Donde está el 'pratuka'?

Sobre la pared del despacho del presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao queda la huella de un cuadro que durante años decoró la estancia. Allí se pierde el rastro dejado por un paisaje pintado por Francisco Pratuka en el siglo pasado, un cuadro de mayor valor testimonial que económico, que formó parte de los bienes incautados al empresario nacionalista Ramón de la Sota tras la guerra civil para hacer frente a la multa que le impuso el Tribunal de Responsabilidades Políticas por militar en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y contribuir a su financiación. Después de cinco décadas de espera, los herederos han conseguido recuperar siete cuadros que en ese tiempo pasaron de las dependencias de las empresas de Sota al patrimonio del Estado, y más tarde fueron transferidos al Gobierno vasco. Pero falta uno, la imagen de una iglesia al borde de un río que ha desaparecido del palacio de usticia de Bilbao.Entre los inmuebles y propiedades incautados a Ramón de la Sota para hacer frente a la multa de 100 millones de pesetas se encontraban la vivienda familiar de Ibaigane -un palacete rodeado de jardín donde ahora tiene su sede el Athletic Club de Bilbao-, el edificio de la Comandancia de Marina de Bilbao, derechos sobre explotaciones mineras e, importantes participaciones en las extintas empresas Astilleros Euskalduna, Altos Hornos del Mediterráneo y la naviera Sota y Aznar, además de acciones en bancos y aseguradoras. En medio de semejante volumen de bienes incautados, los cuadros que antes de la guerra decoraban las oficinas del holding de Sota son casi migajas. "Tienen valor sentimental para la familia", dice José María de la Sota, biznieto de Ramón y abogado de los herederos en el complicado proceso de reversión de los bienes.

La familia gota inició en los años setenta los trámites para la recuperación del patrimonio embargado. Antes de revertir las propiedades, los tribunales obligaron a satisfacer parte de la multa que todavía consideraban pendiente. Ni la irregularidad que supuso condenar a Ramón de la Sota año y medio después de su fallecimiento ni la ley de amnistía evitaron el pago de 62 millones de pesetas en 1982.

Las estimaciones de la familia apuntan a que el valor actual de los bienes incautados en 1940 podría rondar los 300.000 millones de pesetas. Ahora sólo queda por solucionar la reclamación que pesa sobre la Comandancia de Marina de Bilbao, un edificio situado en el centro de la ciudad, y otros objetos, como antiguas maquetas de barcos. Piezas artísticas de valor importante -obras de Santiago Rusiñol, Gutiérrez de la Vega y una colección de 50 marinas, por ejemplo-, muebles y otros enseres cambiaron de manos sin dejar esperanza alguna de recuperación. Otras pinturas importantes, como un retrato pintado por Goya y un Van Dick, fueron donadas al Museo de Bellas Artes de Bilbao por los herederos.

La reclamación de los cuadros depositados en las dependencias del Palacio de Justicia comenzó en 1986. El Ministerio de Justicia denegó la devolución por "falta de pruebas", pero la transferencia de la Administración de Justicia al Gobierno vasco abrió una nueva posibilidad amparada en la normativa autonómica sobre la reversión de bienes incautados. Por fin, el departamento de Hacienda del Gobierno autonómico decretó el pasado mes de marzo la entrega a la familia Sota de los cuadros que decoraban las dependencias, del Palacio de Justicia.

Un retrato femenino del siglo XVIII, un grabado de Zuloaga realizado por Arango, una marina de William Bradley y varios paisajes, entre ellos un cuadro que representa la Casa de Juntas de Gernika, acaban de volver a manos de los herederos de su propietario, tras superar el último obstáculo. "Por cortesía" hubo que esperar ocho meses más, hasta que las dependencias de Justicia fueron trasladadas a un nuevo edificio. Pero el inventario incluía una pintura de la que nadie responde. El paisaje de la iglesia de San Agustín, de Francisco Patruka, se encuentra en paradero desconocido, después de estar colgado durante años en el despacho de la Audiencia Provincial que ocuparon el ministro Juan Alberto Belloch, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, y el miembro del Consejo General del Poder Judicial Javier Zarzalejos.