El Gobierno catalán autorizó cinco trámites administrativos en solo un día para comprar un edificio de Javier de la Rosa

La Generalitat de Cataluña batió récords de velocidad en la tramitación administrativa para la compra de la sede del Consorcio Nacional del Leasing, SA (CNL). En sólo un día -el 26 de julio de 1991-, la propuesta pasó por cinco dependencias de la Administración catalana, que fueron dando sucesivamente su visto bueno a la adquisición. Ello facilitó que, al final de la misma jornada, el Gobierno de Jordi Pujol estuviera en condiciones de firmar el acuerdo de compraventa del inmueble con la sociedad propietaria, controlada por Javier de la Rosa, y así lo hizo.La celeridad burocrática fue tal que el Departamento de Medio Ambiente, al que iba destinado el edificio, se había dirigido el día anterior -25 de julio- a la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat urgiendo para que le consiguiera una sede. El inmueble, situado en una zona privilegiada de Barcelona, la avenida de la Diagonal, fue adquirido por 4.200 millones de pesetas.

Esta información figura en la documentación que la Generalitat presentó la pasada semana a los grupos parlamentarios, de acuerdo con el compromiso adquirido por Pujol en el debate de política general. Según se desprende de los citados documentos, hay indicios de que la Administración catalana otorgó trato de favor a De la Rosa en otros asuntos. Así lo denunció ayer el portavoz del grupo de Iniciativa per Catalunya (IC) en el Parlamento catalán, Joan Saura.

Es el caso de la Fundación Quail, constituida el 10 de diciembre de 1991 y cuyo presidente era De la Rosa. De acuerdo con la ley catalana, de fundaciones, estas entidades deben enviar todos los años sus resultados económicos y una memoria de actividades al Departamento de Justicia. Si no lo hacen así, este departamento tiene facultades para inspeccionar las cuentas. Quail jamás presentó sus balances, pero el Gobierno catalán tampoco se los exigió.

La subrogación de la licencia de edificación de la ClínicaTeknon por parte de la Generalitat también tiene aspectos oscuros, según Saura. Sólo pasaron seis días desde que el Ayuntamiento de Barcelona -que había denegado el permiso- envió al Gobierno catalán el plan especial del suelo de la clínica, controlada por De la Rosa a través de Mexans, hasta que se publicó el edicto de autorización de las obras, el 28 de mayo de 1990.