Tres delitos y una póliza de seguros

Cinco de los 10 querellados formaban parte de la comisión ejecutiva de Banesto que presidía Mario Conde. Son, además de Conde, Arturo Romaní, Enrique Lasarte, César de la Mora y Vicente Figaredo. Las otras dos personas que formaban parte de la comisión ejecutiva cuando fue intervenido, el vicepresidente Ricardo Gómez-Acebo y Juan José Abaitua, no están incluidos.De los otros cinco querellados, cuatro formaban parte del consejo de administración: Pérez Escolar, Sáenz de, Montagut, Martín Rivas y Ramiro Núñez-Villaveirán. Martín Rivas es el único que se mantiene en el banco. El décimo, Fernando Garro, ocupaba una de las direcciones generales del banco y se encargaba de la imagen de Conde.

El fiscal ha considerado que los otros miembros del consejo de administración no están involucrados en las operaciones por las que se ha querellado. Esos consejeros son Juan Belloso, José Luis Oriol, Moisés Cossío, Antonio Torrero, Luis Ducasse, Paulina Beato, José Roquette y Roberto Mendoza (éste en representación de J. P. Morgan).

Se da la circunstancia de que Mario Conde había suscrito una póliza con La Unión y el Fénix para todo el consejo y la alta dirección por valor de 10.000 millones para cubrir cualquier posible responsabilidad civil. El grupo francés AG17, que adquirió La Unión y el Fénix a Banesto, no estuvo de acuerdo con dicha póliza y pidió a la Dirección General de Seguros que la anulara. De momento, no ha habido ninguna decisión. Según fuentes jurídicas, la mencionada póliza podría quedar sin efecto si se demuestra que hay infracción penal.

Fuentes jurídicas han informado que el delito de maquinación está relacionado con una revalorización ficticia de activos con la venta de acciones y otros efectos a sociedades interpuestas supuestamente de Conde y sus directivos que a su vez revendían los activos a Banesto por un precio muy superior. Este delito está castigado con penas de prisión menor (de seis meses y un día a seis años) y multa entre 100.000 pesetas y medio millón.

La apropiación se castiga con penas de prisión mayor (entre seis años y un día y 12 años) cuando el valor de lo apropiado reviste especial gravedad y afecta a múltiples perjudicados.

La falsedad en documentos está castigada con pena de prisión menor (entre seis meses y un día y seis años) y multa entre 100.000 pesetas y un millón.