El juez prohíbe a Conde abandonar España

Mario Conde, ocho ex consejeros de administración y un ex director general de Banesto han sido formalmente acusados por el ministerio fiscal de delitos de falsedad, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas en una querella interpuesta el pasado lunes por la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante el Juzgado Central, de Delitos Monetarios. La querella ha correspondido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien, tras admitirla a trámite, ha prohibido la salida del territorio nacional de los 10 acusados y se ha dirigido al Gobierno para que, a través del ministerio del Interior, vigile el cumplimiento de sus órdenes. El fiscal no ha pedido el ingreso en prisión ni de Conde ni ninguno de los querellados, aunque ha solicitado del juez que acuerde el depósito de una fianza conjunta de 12.000 millones de pesetas para cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse.Los ex miembros del consejo de administración de Banesto que figuran como querellados son Arturo Romaní Biescas, Enrique Lasarte y Pérez Arregui, Rafael Pérez Escolar, César de la Mora Armada, Antonio Sáenz de Montagut Areitio, Martín Rivas Fernández, Ramiro Núñez Villaveirán Ovilo y Vicente Figaredo de la Mora. El ex director general es Fernando Garro Carballo.

80 fofios

La querella ha correspondido al juez Manuel García-Castellón, que sustituyó a Baltasar Garzón durante su etapa como diputado del PSOE. García-Castellón fue designado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial como juez de apoyo del Juzgado de Delitos Monetarios y desde hace dos semanas examina todos los asuntos que entran en ese juzgado. La querella le fue remitida a él por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El escrito de querella, de casi 80 folios de extensión, va firmado por el fiscal de delitos monetarios, Florentino Ortí, y en él se pide al juez que decrete el secreto del sumario y cite a declarar a Conde y los demás querellados. Fuentes de la investigación concretaron que las operaciones presuntamente delictivas son siete y se refieren principalmente a la venta de activos de Banesto a empresas de las que eran accionistas los acusados, quienes, posteriormente, revendían a precio mucho mayor dichas empresas al grupo Banesto o su Corporación Industrial.

Las operaciones presuntamente delictivas a las que previsiblemente se refieren a los asuntos de Euman-Valyser, Promociones Hoteleras, Dorna, la compra del Banco Totta e Açores, Sociedad Española de Carburos Metálicos, Data Transmision Systems y Hachuel. A Mario Conde le investiga también el juez Miguel Moreiras por el pago de 600 millones de pesetas por Banesto a Argentia Trust y por la compra de dos facturas falsas del IVA por 22,4 millones de pesetas. Estos hechos no se contemplan en la querella interpuesta ayer por el ministerio fiscal.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que hoy puede ser la fecha en que el juez García Castellón decida las fechas en que comparecerán a declarar Mario Conde y los demás querellados. La fianza de 12.000 millones pedida por el fiscal corresponde a "lo que se ha encontrado hasta ahora", según fuentes fiscales. Si el juez determinase consignar est a cantidad y no la depositasen, se procedería al embargo de los bienes de los ex directivos de Banesto.

La presentación de la querella fue ordenada unilateralmente por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, lo que provocó el malestar de la junta de fiscales de la Audiencia, cuyos integrantes se habían mostrado favorables a aceptar el ofrecimiento de Mario Conde y escuchar sus explicaciones antes de que se presentase la querella. Precisamente, el desistimiento de una comparecencia voluntaria de Mario Conde fue justificado en fuentes de la Fiscalía en que la decisión de presentar la querella "estaba ya muy avanzada". Los fiscales habían expresado al fiscal jefe su deseo de ser informados del curso de las investigaciones.

Está también pendiente de resolverse la demanda de la Junta General de Accionistas de Banesto contra Mario Conde por su gestión al frente del banco, así como el expediente abierto por el Banco de España por el mismo motivo.

Este periódico intentó anoche sin éxito ponerse en contacto con Mario Conde, Enrique Lasarte, Fernando Garro y con Mariano Gómez de Liaño, abogado personal de Mario Conde y de varios de sus consejeros.