La escuela pública gallega se moviliza contra la política educativa de la Xunta

El otoño ha llegado entre borrascas a los colegios públicos gallegos. Padres, alumnos y profesores han formado frente común para denunciar el deterioro de la enseñanza pública, que atribuyen a una política de la Xunta -la única de las comunidades autónomas con competencias plenas en educación gobernada por el PP- presuntamente favorecedora de los intereses de la patronal privada. Ya en la primavera última arreció el temporal, con numerosos conflictos en pueblos de toda la comunidad por carencias de profesores o falta de medios. El inicio del nuevo curso está siendo "el peor de los últimos siete años", según apunta Juan José Sánchez Arévalo, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Galicia (Confapa).

Estudiantes de un instituto de Vigo se quejan de que no tienen dinero "ni para tiza", mientras 23 directores de centros de esa misma ciudad han llegado a amenazar con dimitir en bloque. En otros lugares asoman las protestas por la supresión de servicios de transporte escolar y Sánchez Arévalo se queja de que se ha anulado incluso el reparto de leche a los niños. "¿Cómo pueden dejar de darles su vaso de leche a los pequeños que hacen jornada única?", se pregunta.

Los sindicatos, las APA y la oposición política coinciden en el mismo diagnóstico. "La Xunta defiende malamente la enseñanza pública", resume el diputado autonómico socialista Xosé Antonio Ventoso. La consecuencia ha sido un paro general en enseñanzas medias, con un seguimiento desigual, el pasado día 9. Xosé Manuel Iglesias, portavoz de la Confederación Intersindical Galega (CIG), mayoritaria entre el profesorado, cree que el PP está ensayando en Galicia un modelo de educación distinto al conocido en el resto de España. "Esto es el paradigma de lo que puede esperar a la sociedad española si llegan al Gobierno los populares", advierte el dirigente sindical, "la Xunta mantiene una actitud corrosiva con respecto a un servicio público esencial". Sánchez Arévalo lo ve incluso como un ejemplo de discriminación social: "Se está penalizando a las clases más desfavorecidas".

Las subvenciones

Las críticas más generalizadas se dirigen a las subvenciones a centros privados que imparten tramos no obligatorios, como la educación infantil y la FP-2. En estas ayudas se gastarán en 1994 casi 2.500 de los 15.000 millones de pesetas dedicados a los colegios de pago. "Se está dando dinero a la enseñanza infantil privada, cuando hay aún centros públicos que no pueden atender esa demanda", subraya Ventoso. La CIG maneja cifras que indican que entre 1992 y 1994 las ayudas a la educación privada crecieron casi un 20%.

El consejero de Educación, Juan Piñeiro, no se siente acosado por la avalancha. "Ojalá todas las acusaciones que se me pueden hacer sean éstas", comenta entre sonrisas. Piñeiro también esgrime datos para sostener que su política se diferencia muy poco de la del Gobierno central: "Los presupuestos de este departamento para el próximo año suben un 7,7%, por encima de la media global de la Xunta e incluso más que los del Ministerio. Sin embargo, las subvenciones a la privada crecen poco más del 3%, menos que la previsión del IPC. Y eso que cada puesto en la educación privada es 100.000 pesetas más barato que en la pública".

Piñeiro dice que él se ha limitado a mantener los conciertos al mismo ritmo que el marcado por el Ministerio y sólo admite como rasgo específico de su gestión las ayudas a la educación infantil. "Decir que ese no es un nivel obligatorio me parece una tontería", se defiende. "Hoy ya ningun niño se incorpora al colegio a los seis años". Su tesis es que estas subvenciones garantizan la libertad de oportunidades". "No tiene sentido que los niños paguen. los dos primeros años de incorporación al colegio en los mismos centros que, en tramos posteriores, son concertados", insiste Piñeiro.

Una de las quejas más recurrentes entre el profesorado es la pérdida de poder adquisitivo de los presupuestos que manejan autónomamente los centros de enseñanza media. El socialista Ventoso asegura que mientras un instituto de 800 alumnos en el territorio gestionado por el Ministerio, dispone por término medio de 9,5 millones de pesetas para gastos de funcionamiento, en Galicia se las tiene que arreglar con sólo 5,5. "Ese cálculo no sirve", replica Piñeiro, "porque las reparaciones las hacemos directamente desde la Xunta".

El consejero anuncia que este año los presupuestos para los institutos crecerán por encima de la media. Lo que pide es que se gestionen con austeridad: "No puede ser que un centro se gaste 800.000 pesetas en una fiesta y después no tenga dinero para calefacción. O que haya institutos con 200 alumnos y ocho líneas de teléfono".